Aprobadas en 2013 las reformas constitucionales, las proyecciones gubernamentales eran consolidar los cambios con las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y el sector energético.

Cuestionadas desde la izquierda, entre otros aspectos por ser factor de corrupción, las leyes secundarias que se buscaba aprobar tendrían un funesto antecedente: el fraude en Oceanografía.

Con base en una denuncia presentada por el Banco Nacional de México (Banamex), la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación por desvío de recursos y fraude por más de 585 millones de dólares en contra de los directivos de la empresa Oceanografía, la cual recibió préstamos que supuestamente estaban garantizados con facturas por cobrar a Petróleos Mexicanos (Pemex) que en realidad no existían.

El fraude fue detectado cuando apenas estaban construyéndose las legislaciones secundarias en materia de telecocumunicaciones y energética que se aprobarían en el verano, en medio de jaloneos entre partidos, para el caso de la apertura energética y entre consorcios –Televisa y Grupo Carso– para telecomunicaciones.

Los consensos alcanzados en telecomunicaciones durante 2013 mediante el Pacto por México, reventaron en vísperas de la aprobación a leyes secundarias con el choque de intereses entre los dos grandes magnates (Carlos Slim y Emilio Azcárraga), pues el proyecto gubernamental, denunciarían opositores al mismo, pretendía –y lo logró– privilegiar a la empresa de Azcárraga, a quien se le concedió la denominada cláusula Cablecom, ampliando la posibilidad de tener mayor presencia en la televisión restringida.