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Acelera consulta para concretar la obra, avalada sólo por autoridades federales y estatales

Mareña cambia razón social para retomar proyecto eólico en Oaxaca

Tras fallo de juzgado se suspendió el plan en tierras comunales de San Dionisio, hace dos años

Organizaciones exigen apegarse a estándares internacionales, entre ellos el convenio 168 de la OIT

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A principios de febrero, mujeres indígenas del municipio de Juchitán, Oaxaca, compartieron experiencias de lucha contra proyectos trasnacionales y exigieron reconocimiento como cabildo comunitario, pues los alcaldes que han gobernado, dijeron, se quedan con los recursos de la comunidadFoto Diana Manzo
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Pobladores de cuatro localidades del Istmo de Tehuantepec acompañaron a habitantes de San Dionisio del Mar en su tercer aniversario contra la instalación de parques eólicosFoto Diana Manzo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 22 de febrero de 2015, p. 26

Oaxaca, Oax.

A dos años de que se suspendió el proyecto de instalar en tierras comunales el parque eólico más grande de América Latina –luego que el juzgado séptimo de distrito en Oaxaca dio la razón a los indígenas e instruyó a Mareña Renovables a realizar una consulta previa, libre e informada, como estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es ley en México– la empresa de capital español modificó su razón social –ahora se llama Eólica del Sur– y se alió a industriales holandeses, australianos y japoneses para retomar el proyecto en tierras comunales de barra de Santa Teresa, en el municipio de San Dionisio del Mar, y en la agencia de Álvaro Obregón de Juchitán.

Según información de Sinaí Casillas Cano, coordinador de Energías Renovables de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del gobierno estatal (Stde), ahora han organizado y aceleran una consulta ciudadana avalada por las autoridades federales y estatales en aras de concretar la construcción del parque eólico en los límites de Juchitán y El Espinal.

El procedimiento de la consulta –advirtió– no será mediante votación directa, sino con base en la participación de grupos integrados al comité técnico del proceso de consulta sobre la instalación del parque de Eólica del Sur, en el cual también participarán los gobiernos federal, estatal y municipal, y las secretarías de Energía, Turismo y Relaciones Exteriores; organizaciones no gubernamentales, patronatos de festividades y pequeños propietarios de las 5 mil hectáreas donde se busca construir el nuevo parque eólico.

Alba Cruz, abogada del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, acusó que el mencionado procedimiento no cumple con los lineamientos internacionales, debido a que no habrá votación como tal, sino que todos los representantes de las organizaciones sociales o grupos presentarán un documento donde plantean si aceptan o rechazan el proyecto de Energía Eólica del Sur.

Sería sumamente grave un procedimiento de ese tipo. Con esto demuestran que no quieren, el gobierno del estado y la empresa, el consentimiento del pueblo, además que el proceso no protege los estándares internacionales. Agregó: De realizarse así, la consulta estaría viciada.

La activista y asesora de la Asamblea Popular de los Pueblos Juchitecos destacó que si alguna persona estuviera en contra, difícilmente levantaría su voz por miedo a las represalias, pues el dirigente o cacique de la organización a la que pertenezca es quien decide si se acepta o rechaza el proyecto. Por tanto, los derechos de los individuos serían violentados.

Negocian facilidades

Entre los dirigentes participantes en la consulta sobresalen Héctor Sánchez López, ex presidente municipal y dirigente de la organización Frente por el Desarrollo y la Democracia, la cual domina más de 30 colonias populares en Juchitán. Sánchez López también posee tierras donde se pretende construir el parque eólico. Aun cuando su gente no apoya la creación del parque, negocia junto con el gobernador de la entidad para facilitar la entrada de la empresa.

También muestra una doble postura Leopoldo de Gyves de la Cruz, primer presidente municipal de izquierda y líder de la Coalición Obrera, Campesina y Estudiantil del Istmo (Cocei Nueva Generación), quien por un lado actúa como emisario del gobernador y, por otro, junto con su hijo Emilio, rechaza la creación de los proyectos.

Pedro López Orozco, integrante de la Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón, indicó que la consulta se realiza en un ambiente poco propicio, pues con la llegada de los parques eólicos a la entidad (hay 21 actualmente y se espera la construcción de dos más para 2016), se han dividido pueblos, familias enteras y ciudades.

Historia de hace 20 años

Autoridades municipales o dirigentes de organizaciones han sido corrompidos por las empresas que desde hace 20 años llegaron a instalar los parques eólicos en Juchitán, Unión Hidalgo, El Espinal, Asunción Ixtaltepec, Santo Domingo Ingenio y San Dionisio del Mar, indicaron por separado Saúl Celaya, vocero de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, y el coordinador de Energía Renovables de la Stde, Sinaí Casillas Cano.

Celaya destacó que la otrora empresa Mareña Renovables dio 10 millones de pesos a autoridades municipales y comunales de San Dionisio del Mar para que aprobaran el proyecto que finalmente no se realizó. “Ahí te das cuenta de la prepotencia de la empresa al pensar ‘yo suelto la lana y se hace el proyecto’. Quisieron llegar a cambiar espejitos...”.

En tanto, integrantes de la Asamblea Popular en Defensa de la Tierra y el Territorio (Apdtt), presentaron ante el comité técnico del proceso de consulta en Juchitán un documento con observaciones y propuestas al protocolo.

El documento va dirigido al titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y fue leído a los asistentes a fin de que la consulta cumpla los estándares internacionales, entre ellos el convenio 169 de la OIT.

En su propuesta, los integrantes de la Apdtt manifiestan que observaron en la primera etapa que, a pesar de que se incorporan los principios de consulta previa, libre e informada y culturalmente adecuada, se debe añadir el principio denominado Deber de acomodo y razonabilidad. Es decir, que se vaya a las colonias y pueblos a consultar a todos, no sólo a los dirigentes, además de tener el consentimiento de cada propietario.

No hay condiciones para el proceso

La Apdtt denunció que aún no son viables ni pertinentes las condiciones del proceso, porque no hay modo de recibir información, analizar o presentar un propuesta. Las llamadas asambleas tienen una dinámica de falta de razonamiento. Demandamos que este proceso cumpla con los estándares internacionales y se dé en un ambiente propicio que garantice la seguridad de todos sus participantes para llegar a un convenio libre y bien informado, enfatizó.

El proyecto de Eólica del Sur considera la instalación de 132 aerogeneradores, más grandes y con mejor tecnología que los anteriores, para crear 396 megavatios. Con esa capacidad superarán la del parque Eurus de Acciona que produce 150 megawatts, también en Juchitán. La Apdtt advirtió que el proyecto de Eólica del Sur es el mismo de Mareña.