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Tiene hasta el 13 de mayo para cumplir la resolución; el monto asciende a $99.2 millones

Ordena tribunal al GDF pagar a ejidatarios afectados por la L-12

En sus tierras se construyó la estación Culhuacán de la llamada línea dorada del Metro

El órgano colegiado resolvió sobre un juicio de amparo contra el jefe de Gobierno y otras autoridades

Laura Gómez Flores
 
Periódico La Jornada
Lunes 13 de abril de 2015, p. 32

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) fue emplazado a pagar la indemnización, a valor comercial, por la expropiación de tierras de 1938 donde se construyó la estación Culhuacán de la línea 12 del Metro, lo cual implica un monto de 99.2 millones de pesos.

De acuerdo con la resolución sobre el juicio de amparo 246/2014 contra el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y otras autoridades, emitido por el octavo tribunal colegiado de circuito, el GDF tiene hasta el 13 de mayo para dar cumplimiento.

El monto solicitado es casi cuatro veces mayor al acordado en la administración anterior de 25 millones de pesos, y en caso de no pagar se impondrá una pena de cinco a 10 años de prisión y multa de 100 a mil días de salario mínimo (70 mil 100 pesos) a la autoridad o autoridades que incumplan el fallo.

Además, procedería la destitución o inhabilitación de cinco a 10 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente incumpla con la sentencia de amparo P-14/2011-III, en este caso.

El juez décimo de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, Carlos Hugo Luna, explicó que si las autoridades requeridas no cumplen con lo ordenado, continúan con una actitud omisa o eludan el acatamiento del fallo, se puede solicitar la separación del cargo de la autoridad contumaz.

Asimismo, se consignaría ante el juez de distrito que corresponda por el delito de abuso de autoridad y, aun cuando sean separados de sus cargos, seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y por esa razón también pueden ser consignados, precisó.

Desde el pasado 25 de marzo, los 203 ejidatarios de Culhuacán solicitaron al mandatario capitalino, por medio de una carta, una audiencia respecto de la última revisión del caso para proceder a la indemnización constitucional y conocer la fecha en que se concretará.

Para ello pidieron que el avalúo lo realice un perito externo en común y no el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, porque no le daría tiempo a cumplir con la sentencia en los términos legales y caería en desacato, y que se pague directamente al ejido por conducto de su comisaría y no del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.

La superficie expropiada es de 19 mil 452 metros cuadrados y el valor comercial promedio por metro es de 5 mil 100 pesos, lo cual haría un total de 99 millones 205 mil 200 pesos, que ahora tocará pagar al GDF, pese a las negativas y trabas del Sistema de Transporte Colectivo y la Consejería Jurídica, porque se trata de un ordenamiento judicial, dijeron.