La Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas sustituye a la unidad en la materia, creada en junio de 2013 y, por tanto, la nueva instancia, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), retoma los recursos humanos y materiales así como la información en su poder.

El acuerdo con base en el cual se crea la fiscalía indica que el objetivo es mejorar las actuaciones en la búsqueda y localización de personas o, en su caso, su identificación forense.

En especial, mandata atender e informar a los familiares de las personas desaparecidas el estado de la investigación e incorporarlos al proceso de búsqueda.

Al igual que la unidad, la fiscalía estará adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR.

La creación fue anunciada el 24 de septiembre pasado durante la segunda reunión del presidente Enrique Peña Nieto con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Los padres y representantes de los estudiantes rechazaron la respuesta gubernamental, porque exigen una instancia especialmente dedicada a la búsqueda de los normalistas.

La tarea de la unidad –y próximamente de la fiscalía– es mayúscula; las procuradurías y fiscalías estatales reportan en conjunto, al corte de julio pasado, 25 mil 918 expedientes de personas no localizadas. A ello se añaden 681 casos del ámbito federal, es decir, directamente a cargo de la PGR.

Por tanto, México tiene actualmente 26 mil 599 personas reportadas como no localizadas.

Hay 234 expedientes cuya no localización de la persona se remonta a 2007 y años anteriores; de 755 se desconoce el año exacto de la desaparición.

Durante el actual sexenio la cifra de casos de no localizados se acerca a los 12 mil.

La creación de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas se hizo con base en un acuerdo (A/094/15), y sólo hace referencia a otras leyes, como la General de Víctimas, la cual indica que todo reporte de desaparición debe ser investigado de manera eficaz y urgente por las autoridades.

Como se dijo, la PGR ya contaba desde 2013 con una unidad para atender la problemática; el acuerdo que da pie a la citada fiscalía se deriva de la Ley Orgánica de la PGR.

Esta nueva oficina será competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y, en su caso, su identificación forense, así como para perseguir los delitos relacionados con la desaparición de personas.

El titular de esa fiscalía deberá ser especialista y asegurar que su personal tenga altos niveles de capacitación. En los requisitos generales destaca tener cuando menos 35 años de edad, ser licenciado en derecho, contar con al menos cinco años de ejercicio profesional y no tener mancha en su expediente como servidor público y ciudadano.

El fiscal recibirá las denuncias de desaparición de personas y deberá aplicar de manera eficaz y urgente todas las diligencias para la localización de las mismas; si el caso es del fuero común, lo hará del conocimiento de la autoridad local correspondiente. Igualmente, deberá atraer a la PGR los expedientes que considere necesarios.

Tambien deberá diseñar, instrumentar, supervisar y evaluar la ejecución de los protocolos de búsqueda e identificación forense; conformar grupos de investigación y requerir, con carácter urgente, a las áreas de investigación policial tanto de la PGR como de otras instancias, toda la información necesaria para la indagatoria, entre otras funciones incluidas en el acuerdo, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación.