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Trabas y errores burocráticos atentan contra derechos humanos

Emiten recomendación por retrasar hasta más de 2 años libertad de presos
 
Periódico La Jornada
Jueves 10 de diciembre de 2015, p. 41

La Comisión de Derechos Humanos capitalina emitió la recomendación 15/2015 por la retención ilegal y arbitraria de 56 personas en reclusorios de la ciudad, quienes a pesar de haber cumplido con sus sentencias tuvieron que pasar entre uno y hasta 812 días más encarcelados debido a trabas o errores burocráticos del personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal.

En el documento, dirigido a la Secretaría de Gobierno capitalina se comprobó que por una situación meramente administrativa, de una falta de comunicación interinstitucional, las personas se quedan más tiempo del debido porque no se manda el documento idóneo para que puedan ser excarcelados, expuso la presidenta del organismo, Perla Gómez Gallardo.

Las violaciones por detención ilegal y arbitraria en los reclusorios se hacen más evidentes en cada uno de los casos, como es el número 35, registrado en el expediente CDHDF/II/121 /IZTP/12/P5425 de la referida recomendación.

La víctima AH, se detalla, ingresó al Reclusorio Oriente el 27 de julio de 2003 acusado de robo. Luego de ser procesado se le impuso una sentencia de seis años, 10 meses y 15 días de prisión, pero fue liberado por descuido de la autoridad penitenciaria hasta el 13 de agosto de 2012, por lo que pasó dos años tres meses y dos días en detención ilegal arbitraria.

De acuerdo con la investigación, el agraviado fue trasladado a escasos meses de cumplir su sentencia a Santa Martha para recibir atención médica, pero al ser reingresado al Reclusorio Oriente, dos años después, se detectó que el personal del sistema penitenciario no realizó los trámites necesarios para acreditar el cumplimiento de su castigo.

Además de citado caso, la comisión investigó 55 más de violaciones al derecho a la libertad personal por detención ilegal y arbitraria de personas en reclusión y no puede ser que la documentación de los casos, el expediente administrativo, la falta de coordinación entre las mismas autoridades, no permitan que quien ya terminó su sanción, obtenga su libertad, argumentó Gómez Gallardo.