Ciudad Juárez, Chih.

El ayuntamiento tarahumara de Cusihuiriachi solicitó un amparo ante un juzgado federal para exigir respeto a las facultades del municipio, debido a que autoridades federales y estatales avalaron la reapertura de la mina DiaBrass de México, que el cabildo cerró porque la empresa estaba vertiendo sustancias que contaminan el río que atraviesa la comunidad.

El pasado 13 de noviembre la administración municipal colocó los sellos de clausura a la mina por contaminar arroyos en la región, y por no contar con el permiso de uso de suelo emitido por la autoridad local.

Sin embargo, cuatro días después funcionarios estatales, acompañados por agentes ministeriales, acudieron a la cabecera municipal a retirar los sellos e indicar que el ayuntamiento no estaba facultado para efectuar acciones de ese tipo, acusó el acalde de Cusihuiriachi, Enrique Estrada Gutiérrez.

El edil dijo que existen indicios de daños al medio ambiente, principalmente al acuífero del municipio, pero el gobierno del estado actúa de forma parcial en favor de la empresa minera, por eso solicitó el amparo esta semana, para exigir que se respete a la autoridad local.

Explicó que la ley faculta a los municipios a actuar en caso de existir riesgos que afecten a la población, como sucede en su región, donde a simple vista se han detectado residuos contaminantes en el acuífero.

Un laboratorio de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua ya analiza el agua, y los resultados los dará a conocer la siguiente semana, debido a que tiene más de un año la documentación entregada por la empresa en la que se descarta la presencia de contaminantes.

Estrada Gutiérrez comentó que solicitaron a la minera los estudios de impacto ambiental para operar; sin embargo, ésta se negó a entregarlos, por lo que posiblemente la compañía este trabajando en la ilegalidad, además de que han omitido pago de impuestos correspondientes al predial, entre otros conceptos.

Agregó que la presencia de la mina en Cusihuiriachi afecta más de lo que beneficia, pues no contribuye en nada al municipio. No paga impuestos, daña vías de comunicación y sobre todo contamina el ambiente.

Por este motivo, el presidente muncipal insistió en que se denunciará el caso ante una corte federal y se solicitará el apoyo de organismos internacionales, relacionados con el cuidado del medio ambiente.