Unos 800 normalistas, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como familiares, marcharon del centro histórico de Morelia hacia la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) para demandar la liberación de 52 estudiantes detenidos el 7 de diciembre en la caseta de peaje de Zirahuén, de la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas.

También tienen tomada la Secretaría de Educación estatal y realizaron plantones en 20 alcaldías y un bloqueo en la salida de Uruapan a Morelia-Lázaro Cárdenas, a la altura del pueblo de Caltzontzin.

En Uruapan se manifestaron unos mil maestros de la CNTE, mientras decenas de policías estatales resguardaron el edificio ante el arribo del gobernador Silvano Aureoles, donde encabezó un foro de consulta.

Además, estudiantes de la normal de Cherán, municipio de Nahuatzen, continúan atrincherados y retuvieron más de 40 vehículos desde el pasado 20 de octubre, cuando suspendieron labores en las ocho normales para exigir mil 200 plazas automáticas para los egresados.

Aureoles Conejo, en otro acto en la casa de gobierno con empresarios, legisladores, directores de medios y autoridades militares y religiosas, reiteró que la reforma educativa no tiene vuelta atrás.

En Cuernavaca, el asesor jurídico de la sección 18 de Michoacán, Luis Alberto Bravo, quien defenderá a las 22 normalistas recluidas en el penal de Coatlán del Río, Morelos, dijo que no se tipifica la violación de la Ley federal de armas de fuego y explosivos como acusa la PGR, pues les encontraron latas y clavos en el autobús en que viajaban.

Consideró que la PGR está fabricando delitos contra las normalistas, pues la política de este sexenio es criminalizar a los estudiantes.