Brasilia.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, solicitó este viernes al Tribunal Supremo Federal (TSF) de su país anular la apertura de un proceso de juicio político en su contra, debido a que no se garantizó su derecho a la defensa. El impeachment fue autorizado el miércoles 2 por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aliado del gobierno actual.

En el documento, suscrito por la Abogacía General de la Unión, la mandataria alega que Cunha no garantizó su derecho de defensa antes de permitir el inicio del proceso. Rousseff sostuvo que debió ser escuchada antes de Cunha, quien es investigado por fraude y se ha comprobado que tiene cuentas bancarias en Suiza. Ello, insistió, previo a que se autorizara el trámite, debido a las graves consecuencias que esa acción desencadenaría para el país.

Solamente una persona que viva en estado de alienación acerca de lo que el país está testimoniando en días recientes podría decir que no trae ningún perjuicio para el denunciado y para la nación la decisión de recibir la denuncia y su consecuente lectura en el plenario de la cámara, señala el documento presentado por Rousseff.

El escrito será analizado por los ministros del TSF el miércoles, cuando el tribunal discutirá acciones presentadas por el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) que cuestionan el proceso de juicio político.

La Corte determinó que hasta entonces será suspendido todo tratamiento del proceso de impeachment en el Congreso.

Según el recurso del PCdoB, el Senado está facultado para instaurar un proceso contra el presidente de la República.

Éste cuestiona la validez de la ley 1.079/50, la cual define la responsabilidad presidencial y de los ministros y regula el proceso judicial respectivo.

A diferencia de la Cámara de Diputados, donde parte de los legisladores que pertenecían a la base aliada al gobierno podrían votar en favor de la destitución de Rousseff, en el Senado el gobierno confía en tener el apoyo necesario para impedirlo.

Además, el presidente del Senado, Renan Calheiros, también del PMDB, es más cercano al gobierno y en semanas recientes se ha mostrado contrario a profundizar la tensión política en el país.

Es natural que ese juicio dependa de que la instauración o no del proceso sea objeto de deliberación por los senadores, ya que de esa instrumentación derivará la gravísima consecuencia de la suspensión del presidente de la República de sus funciones, señala el texto enviado por la presidencia al TSF.

El gobierno pide además que todas las votaciones sobre el juicio político sean abiertas, al contrario de lo que ocurrió el miércoles pasado, cuando el presidente de la Cámara determinó que la votación sobre los miembros de la comisión especial para el impeachment fuera secreta.

“Por estar frente a la violación de un principio constitucional de tamaña relevancia (el principio de publicidad) es imprescindible que el Tribunal Supremo Federal fije que todas las votaciones ocurridas por el proceso de impeachment sean abiertas, emitidas en cualquier fase del proceso y por cualquiera de las dos casas del parlamento”, agrega la nota.

Esta tarde, el Senado brasileño envió al TSF información solicitada por el magistrado Edson Fachin sobre el proceso de juicio político.

De acuerdo con el texto enviado, una posición anterior del tribunal apuntó que la Constitución federal cambió las tareas asignadas a cada cámara del Congreso.

El TSF ya ha reconocido que la Constitución de 1988 modificó las atribuciones dadas a cada casa del Congreso en el proceso de juicio político transfiriendo la atribución de procesar al Senado, que incluye la competencia de recibir (o no) la denuncia popular, dijo.

El miércoles 9, por otra parte, el presidente de la Cámara envió al TSF una defensa del rito adoptado por él para el proceso. Afirmó que no está previsto en el reglamento interno conceder defensa previa a la Presidencia de la República.

El pedido de juicio político contra Rousseff había sido presentado por dos juristas en octubre, en función de maniobras fiscales, que no tendrían base legal, realizadas por el gobierno en 2014.

Los solicitantes incluyeron copia de decretos presidenciales firmados por Rousseff este año, que de acuerdo con los firmantes reinciden en prácticas contables supuestamente irregulares.

En medio de la crisis económica brasileña, la agencia Moody’s puso ayer en revisión la calificación de Baa2 de Telefónica Brasil para una posible rebaja en el futuro.

En un comunicado, Moody’s América Latina dijo que la decisión se produce después de haber colocado en idéntica situación el crédito soberano de Brasil, el pasado 9 de diciembre, actualmente de Baa3.