La iniciativa del Ejecutivo federal que expedirá la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales será votada a favor el lunes próximo en el pleno de la Cámara de Diputados, y en ella se contempla impulsar el crecimiento económico de los estados con mayor rezago social, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

El texto enviado por la Presidencia el pasado 29 de septiembre a la Cámara de Diputados pretende detonar el potencial productivo y logístico de las áreas pobres en el país, por medio de incentivos económicos, medidas de simplificación regulatoria, provisión de infraestructura competitiva con objeto de crear empleos desde la perspectiva de la inversión privada.

La propuesta fue dictaminada por la Comisión de Economía en San Lázaro, que acepta la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como ente regulador, que autorice y supervise las políticas y acciones legales que detonen el desarrollo en las llamadas zonas económicas especiales. También se prevé la integración de una comisión intersecretarial que determine la participación transversal de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

El establecimiento de las zonas económicas especiales se circunscribirá a municipios con población de entre 50 y 500 mil habitantes. Y la naturaleza de esa política económica subraya que se pretende desarrollar integralmente un ambiente de negocios propicio para las actividades económicas productivas.

El consentimiento para establecer una zona económica productiva deberá provenir de los gobiernos de las entidades federativas, con la previa autorización del Poder Legislativo local. A su vez se facilitarán los trámites que habrán de efectuar los administradores integrales, inversionistas y personas interesadas en instalar y operar empresas en las áreas de influencia económica.

También, los diputados federales modificaron el proyecto de decreto para que una vez instalado el Consejo Técnico respectivo –integrado por representantes de los sectores privado y social– dé seguimiento permanente a la operación de la zona, y para la elaboración del programa de desarrollo particular se tomará en cuenta la opinión de los sectores social y privado.

Así, la propuesta presidencial considera a las zonas económicas especiales como áreas prioritarias del desarrollo nacional. También su construcción, desarrollo, administración y mantenimiento correrá a cargo del sector privado o, en su caso, por el sector público en aquellos bienes inmuebles de propiedad privada o del dominio público de la Federación.

El procedimiento para establecer las zonas será el siguiente: deberán ubicarse en las entidades federativas que presenten mayores rezagos en su desarrollo social, de acuerdo con las cifras aportadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Los estados susceptibles de beneficiarse con una de dichas zonas deberán enlistarse entre los 10 con mayor incidencia de pobreza; se harán en áreas geográficas que presenten una ubicación estratégica y contengan ventajas comparativas en el ámbito de la producción o potencial de la zona.

Las zonas –señala el dictamen– serán unitarias a través de un conjunto industrial delimitado geográficamente, o en secciones, que se distribuyan en varios conjuntos industriales dentro de un polígono más amplio.