Los gobiernos de América Latina han postergado desde hace al menos dos décadas el diseño y ejecución de políticas públicas serias para enfrentar el grave problema que representa el acelerado envejecimiento de su población, señalaron especialistas reunidos en el taller de actualización en comunicación incluyente y envejecimiento, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Es muy duro decirlo, pero si esta tendencia continúa, la región se encamina a un suicidio social, advirtió Beltrina Corte, de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil, mientras Fernando Berriel, de la Universidad de la República, en Uruguay, destacó que hasta ahora, en términos generales, los gobiernos no han visto este problema del envejecimiento poblacional como un tema estratégico ni prioritario.

En entrevista, ambos especialistas coincidieron en que los gobiernos no han mostrado voluntad política para desarrollar y ejecutar políticas públicas que estén acompañadas no sólo por los recursos económicos y suficientes que se requieren, sino también por un cambio cultural que dignifique y respete los derechos humanos de las personas de mayor edad.

De acuerdo con proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en los próximos 40 años el número de personas de 65 años y más será 3.6 veces más que 2010, es decir, pasarán de 39 a 136 millones de personas en la región, que actualmente tiene 625 millones de habitantes.

Y aunque la situación actualmente es heterogénea en la región, se espera que todos los países latinoamericanos tengan un índice de envejecimiento de 40 por ciento o más en 2050, que en los hechos representa que habrá al menos 40 personas de 65 años y más por cada 100 habitantes menores de 15 años.

Falta de voluntad política

Beltrina Corte reconoció que en varios países, incluido el suyo, se han dado avances importantes en materia legislativa y en el reconocimiento de los derechos de las personas de la tercera edad, pero este marco legislativo no se ha traducido en políticas públicas eficaces que atiendan este problema. No hay voluntad política que se refleje en recursos económicos para su atención, dijo.

Además, señala que al frente de instituciones creadas para la atención de este sector son colocados regularmente funcio-narios que desconocen la problemática real, por lo que se traduce en una incongruencia del discurso oficial.

Fernando Berriel advirtió que el único destino a lo que nos conduce no abordar este problema con políticas serias es aumentar las desigualdades sociales en nuestros respectivos países, “porque habrá personas, regularmente familiares, que le tengan que dedicar gran parte de su tiempo productivo a cuidar a otras personas, van a verse limitadas en sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo, y no van a poder poner su fuerza productiva en favor de elementos de desarrollo de la sociedad.

Las diferencias sociales y económicas aumentarán en una América Latina que ya es el peor continente en cuanto a la distribución de la riqueza, comparado con cualquier otro del mundo, sostuvo.