Diversas organizaciones civiles, así como artistas, académicos e investigadores llamaron a la Cámara de Diputados a que no apruebe de forma apresurada la ley que haga permanente la presencia militar en tareas de seguridad pública, ya que vulneraría los derechos de los mexicanos.

El saldo de la guerra contra las drogas en México es grave. En 10 años hemos acumulado más de 200 mil homicidios, hay más de 28 mil personas desaparecidas, los feminicidios han aumentado con expresiones de violencia cada vez más atroces y hay cientos de miles de desplazados de sus hogares. Los datos muestran que la ruta que emprendió Felipe Calderón y que ha continuado el gobierno de Enrique Peña Nieto es equivocada, indicaron las organizaciones civiles.

En un pronunciamiento, exigieron a los diputados no militarizar al país, ni legislar sin discusión la suspensión de garantías, además de que pugnaron por que el Legislativo juegue un papel de contrapeso frente a las iniciativas autoritarias y poco democráticas.

Advirtieron que el endurecimiento de las medidas de seguridad no ha logrado ni logrará disminuir la violencia en el país. Hoy vivimos en un país mucho más inseguro, con instituciones más débiles y un sistema de justicia penal que no termina de funcionar correctamente.

Entre las organizaciones firmantes están Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fudar, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), Serapaz y la Red TDT, con el apoyo internacional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Las organizaciones expresaron su preocupación por las iniciativas que se han planteado en la dirección de normalizar la presencia e intervención militar en el país.

Se pretende normalizar lo que en cualquier democracia sería una excepción: el involucramiento del Ejército en tareas de seguridad pública, desde patrullaje y detenciones hasta la investigación del delito.

Aunque destacaron que es importante dotar de un marco jurídico a las fuerzas armadas, advierten también que éstas han realizado un trabajo que las autoridades civiles no han podido o querido hacer, y han metido al Ejército a desempeñar tareas que constitucionalmente no le corresponden y para las que no está entrenado.

Esto ha puesto a sus miembros en una situación de vulnerabilidad jurídica, dice el pronunciamiento, que coincidió con el anuncio que el hizo el PRI en el Senado de que solicitará un periodo extraordinario para legislar sobre las facultades de las fuerzas armadas en materia de seguridad interior.

“Pero este marco jurídico no puede simplemente plantear –como hacen las propuestas legislativas de seguridad interior propuestas por Roberto Gil Zuarth (PAN) y César Camacho Quiroz (PRI)– que se normalice y haga permanente lo que hoy sucede de forma inconstitucional. Tampoco se debe abogar por suspender las garantías individuales para que el Ejército pueda realizar sin controles y sin transparencia la tarea que corresponde a la autoridad civil”, indicaron las ONG.

De igual forma, advirtieron que la experiencia internacional alerta que las excepciones tienden a prolongarse, normalizando lo que pretendía ser excepcional. No podemos negar la situación extrema en que se encuentran importantes territorios del país y la necesidad de la intervención de las fuerzas federales. Pero las medidas que normalizan la presencia militar y el estado de excepción no son un buen camino para lograr la paz, para lograr la profesionalización de las policías o para fortalecer el estado de derecho.