Más de 90 por ciento de los transportistas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, suspendieron ayer el servicio urbano de pasajeros por segundo día consecutivo, en protesta por la detención de unidades cuyos operadores aumentaron el pasaje de seis a siete pesos debido al gasolinazo, informó Bersaín Miranda Borraz, presidente de la Alianza del Autotransporte Organizado en Chiapas.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, se incrementaron las tarifas de transporte y el precio de las tortillas, y policías de Colima se quejaron de que han aumentado sus jornadas de trabajo para prevenir protestas contra el aumento a los precios de los combustibles.

No estamos en paro; se suspendió el servicio por falta de garantías, pues existe la amenaza de que serán detenidas más unidades, dijo Bersaín Miranda en entrevista. Según el gobierno de Chiapas, han salido de circulación 136 automotores y unos 50 transportistas ofrecen servicio gratuito.

Miranda Borraz aseguró que choferes de otras ciudades chiapanecas se unieron ayer a la suspensión del servicio, a fin de presionar a las autoridades estatales para que respeten el acuerdo de aumentar un peso a la tarifas, tomado el año pasado, antes de que se diera a conocer el aumento a los combustibles.

Añadió que el acuerdo era aplicar la nueva tarifa el 19 de diciembre pasado, pero en tres ocasiones las autoridades les pidieron posponerlo y finalmente se convino que entrara en vigor el 9 de enero.

Empezamos a cobrar los siete pesos el 9 de enero porque el gobierno ya lo había hecho público en diciembre, pero resulta que al aplicar el incremento nos empezaron a detener unidades, por lo que los compañeros decidieron guardarlas y eso ha dejado sin servicio a la población, pero no es culpa nuestra, dijo.

Mientras, los transportistas de Ciudad Juárez subieron la tarifa de siete a 10 pesos; los tortilleros encarecieron su producto hasta 18 pesos el kilo, y la carne molida se vendió a 130 pesos el kilogramo.

Víctor Estala Banda, director del departamento municipal de transporte, dijo tener la instrucción de cancelar concesiones a quienes suban tarifas sin autorización y de aplicar multas de 7 mil 300 pesos.

En la capital de Colima, elementos de la policía estatal preventiva dijeron que los han obligado a trabajar hasta 36 horas continuas debido a las protestas por el incremento a los combustibles.