La Cámara de Diputados gastará este año 23.1 millones de pesos en el pago de seguros de gastos médicos mayores para los legisladores y los funcionarios de mandos medios, superiores y cargos homólogos, que da cobertura también a sus dependientes económicos.

El contrato se otorgó a la empresa Grupo Nacional Provincial, por adjudicación directa, para la cobertura médica de los diputados durante un periodo de 18 meses, a partir de julio del año pasado, por un total de 34.7 millones.

De ese monto ya se pagaron 11.6 millones por el segundo semestre del año pasado, y esta semana la Junta de Coordinación Política de la cámara determinará si es posible hacer un ajuste en ese gasto. En el desglose de 2017, el seguro para los diputados cuesta 16.5 millones, y el que cubre a los funcionarios, 6.2 millones de pesos.

Al inicio de la actual legislatura (63), los 36 diputados del grupo parlamentario de Morena se afiliaron al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste); la bancada de Movimiento Ciudadano renunció al seguro de gastos médicos mayores y al de vida, y calculó un ahorro de 18.5 millones entre 2016 y 2018.

Mientras, los diputados del PRD decidieron que aceptar o no ambos seguros depende cada uno de sus legisladores en particular.

Según cálculos de Morena, durante los tres años de la 63 Legislatura, si la Cámara dejara de pagar ambos seguros el ahorro sería de 160 millones de pesos.

El seguro incluye, además, el denominado programa médica móvil, que otorga a los diputados y altos mandos, así como a sus familias, consultas a domicilio, orientación médica telefónica, ambulancias de terapia intensiva, ambulancia de traslado programado, servicio aeromédico, exámenes médicos y toma de muestras de laboratorio a domicilio.

Asimismo, el programa apoyo a recién nacido, ‘‘que implica la entrega de un apoyo económico para cubrir algunos gastos por nacimiento’’.

El acuerdo para el pago del seguro de gastos médicos mayores se sustenta en el manual que regula las remuneraciones para los diputados federales, servidores públicos de mando y homólogos de la Cámara de Diputados, que se publicó el 29 de febrero del año pasado, en el cual ‘‘se prevé como obligación de la cámara el otorgamiento de este seguro’’.

Si bien para contratar esa cobertura se emitió una licitación pública, ésta se declaró desierta y el comité de administración determinó que, debido al vencimiento de un contrato previo, el 30 de junio, se requería contratar otro de manera directa.

Abrir una nueva licitación, argumentó el comité, implicaría que los diputados, los funcionarios y sus familias ‘‘quedarían desprotegidos, razón por la cual se considera imperiosa la necesidad de no interrumpir’’ el servicio.

En un comunicado emitido ayer, el coordinador del PES (Encuentro Social), Alejandro González, planteó una reducción general de 20 por ciento en el salario de diputados y senadores, ministros y magistrados en el Poder Judicial, así como la cancelación de bonos, vales de gasolina y seguros de gastos médicos. Aunque no precisó si su bancada ya renunció a esos beneficios.