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El cambio en el sistema educativo nacional no sólo requiere dinero, sino nueva gobernanza

Tarea de próximos gobiernos, garantizar cobertura y calidad en bachillerato: Tuirán
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Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Media Superior, en entrevista con La JornadaFoto Francisco Olvera
Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Jueves 16 de marzo de 2017, p. 12

La transformación del sistema educativo nacional pasa no sólo por garantizar suficiencia presupuestal a mediano y largo plazos, mediante la reorientación de recursos públicos a nuevas prioridades y generar mecanismos novedosos de financiamiento, sino implementar una nueva gobernanza que dé las condiciones para la aplicación exitosa de la política pública, afirmó Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior.

En entrevista con La Jornada, destacó que entre las acciones para consolidar la verdadera reorganización del bachillerato está la creación del sistema nacional de educación media superior (SNEMS), que integrará a más de 30 subsistemas federales, estatales, descentralizados y centralizados –que atienden casi 90 por ciento de la matrícula nacional–, que deberán cumplir y aplicar de forma obligatoria el marco curricular común (MCC) que se apruebe.

Sin embargo, reconoció que ampliar la cobertura y garantizar la calidad de este nivel de enseñanza será tarea de próximas administraciones. “No podemos continuar con visiones miopes o de corto plazo para dar respuesta a los enormes desafíos en el sector. El reto es cómo construir una auténtica política de Estado que dé viabilidad de largo plazo a estas nuevas orientaciones”.

–¿La aplicación de esta reorganización del sistema educativo se dejará a un próximo gobierno?

–Tan simple como decir que se presenta poco después de terminar el cuarto año de gobierno, y con poco menos de dos años en puerta.

“Las tareas de la implantación del modelo, las iniciales y preliminares, requieren un esfuerzo previo considerable, que seguramente consumirá estos dos años.

Debemos elaborar materiales educativos, libros de texto, y la formación continua de los docentes para brindarles herramientas que les permitan adaptarse a las nuevas consideraciones pedagógicas y curriculares. Todo esto va a llevarnos a una prueba piloto en el ciclo escolar 2017-2018 y a la implantación definitiva del nuevo modelo en septiembre de 2018.

–¿Qué garantizará la continuidad de la reforma educativa y su nuevo modelo formativo más allá de este sexenio?

–Todas las políticas públicas tienen una escala de intervención inicial y una proyección para ir avanzando en orientaciones que siempre corren el riesgo, desde el punto de vista político, de perder soporte o apoyo en determinados momentos, pero se corresponden al terreno de una realidad política que no se está materializando ahora, sino que, eventualmente, lo hará en otro contexto y tiempo.

Venimos de una historia de muchos tropiezos, pero en los últimos 10 años hemos tomado un camino que, independientemente de los gobiernos, ha seguido orientaciones semejantes que han dado continuidad a acciones trascedentes. Además, varios ejes del nuevo modelo tienen mandato de ley.

–¿Su principal desafío será entonces su viabilidad presupuestal?

–Toda reforma implica tres acciones fundamentales en materia presupuestal: reasignación de recursos para atender nuevas prioridades derivadas de la reforma; la escala con que se plantea su expansión y fortalecimiento a medida que avanza, lo que supone escenarios presupuestales de corto, mediano y largo plazos, y que muchas de las intervenciones son básicamente de reorganización institucional que no demandan recursos adicionales, sino redefinir tareas. Puedo decir con toda tranquilidad que hay recursos suficientes para esta etapa de impulso al nuevo modelo educativo.

–¿Habrá presupuestos plurianuales para garantizar la transformación del sistema educativo?

–La Constitución los promueve; hay apertura, pero creo que no hace mal a la planeación del país ir acompañándola de una gradación de los esfuerzos que se deben realizar en una perspectiva de mediano y largo alcance.

“Si bien será la Secretaría de Hacienda la que determine qué mecanismos se aplicarán para el financiamiento, un instrumento novedoso fue la creación del programa Escuelas al Cien, que permitió utilizar recursos que iban a existir en el largo plazo y hacer un esfuerzo significativo para atender 33 mil escuelas en su infraestructura con 50 mil millones de pesos.