Un día es un reportaje en primera plana de The New York Times acerca de cómo deben sobrevivir en medio de la violencia y la impunidad los periodistas en Veracruz. Otro día, The Washington Post alerta sobre el silencio que se cierne en regiones conflictivas, porque los reporteros no pueden hacer su trabajo sin poner en riesgo su vida. A la mañana siguiente, The Newyorker despliega información sobre la diáspora de reporteros mexicanos que, para no morir, buscan salir del país.

El caso es que hoy México es noticia internacional, porque aquí matan a periodistas con una regularidad pasmosa. Y esto –señala Carlos Lauría, director de los programas de América Latina y Norteamérica del Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés)– daña profundamente la imagen del gobierno, de una democracia consolidada como la que se supone que es la mexicana. Porque este es un tema clave de la democracia, fundamental para el estado de derecho.

Lauría, periodista argentino que desde hace más de 10 años forma parte del equipo directivo de esta organización con sede en Nueva York, viajó a México para presentar este miércoles el informe especial del CPJ: Sin excusa, México debe quebrar el círculo de impunidad.

En entrevista con La Jornada, declara su profunda admiración y respeto por los informadores de medios locales de toda la República. Son ellos quienes enfrentan los riesgos gigantescos. Son los que sufren de manera más brutal la violencia, la impunidad y la profunda penetración del crimen organizado o en las estructuras del Estado. Y a pesar de todo, muchos de ellos deciden seguir ahí, ejerciendo el periodismo.

–Esta crisis humana en el gremio periodístico trasciende lo sexenal, pero también lo partidista. Autoridades de todos los institutos políticos están marcadas por crímenes contra la prensa.

–Evidentemente. Esto viene desde tiempos de (Vicente) Fox. Ninguno de los presidentes ha podido o ha intentado romper el círculo vicioso de impunidad, ya que para lograrlo se necesita una férrea voluntad política.

A las palabras se las traga la tierra

–¿Cuál sería el indicio de que esta voluntad política existe?

–El dato clave será cuando las investigaciones, exhaustivas y transparentes, concluyan en condenas. Todo lo demás son sólo palabras y a las palabras se las traga la tierra.

“Hay una crisis de confianza muy comprensible. La gente no cree en la justicia, los periodistas tampoco. Para recuperar la justicia el gobierno debe asumir este tema como una cruzada, como una verdadera prioridad. De ahí el título que le dimos a nuestra investigación: Sin excusas.”

Carlos Lauría es un convencido de las bondades potenciales de la reforma que se hizo hace cuatro años a la ley, que amplía las facultades para que la Procuraduría General de la República ejerza la atracción de delitos contra periodistas al fuero federal.

–¿Por qué sería opción, si tampoco el gobierno federal ha demostrado eficacia?

–Puede ser importante. Cuando empezamos a hacer este trabajo en México, hace más de 10 años, los expedientes estaban dispersos en varias dependencias y las autoridades federales ni siquiera veían que fuera su obligación atenderlos. Pero a los casos que se quedaban en los estados les iba peor, a esos expedientes se los tragaba la tierra, había carpetas donde toda la investigación no llenaba ni dos hojas.

El gobierno federal tiene la obligación constitucional de hacerse cargo de todos los asesinatos de comunicadores donde haya indicios de que el crimen organizado está vinculado con su labor informativa, afirmó Carlos Lauría, director de los programas de América Latina y Norteamérica del Comité de Protección a PeriodistasFoto Presidencia

“Nuestra conclusión es que el gobierno federal no puede hacerse el distraído en estos casos; tiene la obligación constitucional de hacerse cargo de todos los asesinatos de periodistas donde haya indicios de que el crimen (organizado) está vinculado con su labor informativa. Es su responsabilidad garantizar el derecho a la libertad de expresión. Exigir la atracción (de investigaciones) es una forma de elevar el costo de una eventual irresponsabilidad del gobierno.

Aunque la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) sea opaca y sólo haya resuelto tres de los más de 140 expedientes que lleva desde 2010, debe rendir cuentas por ello.

El problema está en el sistema de procuración de justicia

–Ustedes señalan en su informe que ni siquiera en los casos emblemáticos, donde sí se atrajo el expediente a la acción federal, hubo esclarecimiento...

–Hay que entender que no solamente es una cuestión del gobierno federal, sino del sistema de procuración de justicia, que tampoco da respuestas, que es disfuncional. Pero lo que está en el fondo es la falta de voluntad política. México está viviendo una crisis profunda de libertad de prensa, pero lo que pasa es algo más profundo: es una crisis de libertad de expresión que está afectando derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución en extensas zonas del país.

“Recuerdo que cuando el CPJ empezó a trabajar en México, con su ex corresponsal Michael O’Connor, la mayoría de los casos se encontraban en la frontera norte. Ahora los vemos por todos lados: en Veracruz, en Chiapas, en lugares que no figuraban antes en el mapa de la violencia.

“Esta crisis es profunda y está provocando que comunidades enteras en el país no puedan acceder a información que le permita adoptar decisiones sobre su vida diaria. Es gravísimo cuando la gente no sabe qué es lo que está pasando realmente en el lugar donde vive. Pero va más allá: la mayoría de los mexicanos, sobre todo fuera de la capital, tienen seriamente restringida su capacidad de entablar un debate a profundidad sobre lo nacional.

Esto daña, sin duda, a la ciudadanía, a la democracia. Pero también afecta a los encargados de formular políticas públicas, porque ellos tampoco saben con precisión lo que está pasando. Y en este contexto los periodistas navegan a la deriva, vulnerables, indefensos.

“¿Recurrir a la justicia federal ofrece mayores posibilidades de esclarecimiento de los crímenes contra la prensa?

–El tema es que a escala federal hay más recursos, hay más escrutinio de la opinión pública, Y también, tal vez, las autoridades no están tan coludidas como lo están en lo local. Pero lo principal es que es una obligación del Estado que no puede eludir.