Los titulares de los organismos públicos de derechos humanos, nacional y estatales, manifestaron su indignación y enojo ante el asesinato del ombudsman de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, y de su hijo; y enviaron un contundente mensaje: Basta de los ataques en contra de defensores de las garantías Básicas. Basta de la indiferencia con los crímenes que se cometen en el país. Basta del clima de violencia e inseguridad en el que todos los días coexistimos.

Los ombudsperson del país sostuvieron un largo encuentro privado ayer en el que hablaron del crimen de su colega sudcaliforniano y de lo que representa para los defensores públicos de estas garantías estos hechos inéditos.

En la reunión, que fue encabezada por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, fueron varios quienes expresaron su enojo y consternación por el asesinato y criticaron la labor del gobierno federal, al ya no poder garantizar la seguridad de los titulares de estos organismos.

Al finalizar el cónclave se realizó un homenaje a De la Toba Camacho, que inició con un minuto de silencio en su memoria, y después se dirigió un mensaje público en el que demandaron que ningún defensor o defensora de derechos humanos, ni sus colaboradores o familiares, sean agredidos por su labor.

Adolfo López Badillo, titular de la Comisión Estatal de Puebla y presidente designado de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (donde se agrupan las 32 comisiones del país y la nacional) dio lectura al posicionamiento en el que manifestaron su preocupación ante “este vil y cobarde acto, por lo que hacemos un enérgico llamado a autoridades federales y locales para esclarecer los reprochables hechos.

En momentos en los que la inseguridad, la impunidad y la corrupción prevalecen, demandamos una investigación profunda y seria que permita encontrar a los responsables de tan cobarde crimen. Se pronunciaron en contra de cualquier acción u omisión que busque debilitar su labor.

El presidente de la CNDH demandó el fortalecimiento del mecanismo de protección a defensores, dependiente del gobierno federal, y que las respuestas, hasta ahora insuficientes de las autoridades, pasen del discurso a los hechos para garantizar la seguridad de todas las personas, incluidos defensores y periodistas.

Informó que solicitarán reunirse con el Ejecutivo federal y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para elaborar estrategias que les permitan desarrollar su trabajo sin amenazas ni intimidaciones.