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Exigen garantizar el irrestricto respeto a las garantías

No avalar la ley de seguridad, piden Coparmex, Ibero y ONG

Aprobarla podría acarrear la criminalización de la protesta social

A. Alegría, R. Garduño, E. Méndez, A. Sánchez y Sergio Ocampo Arista
Reporteros y corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de diciembre de 2017, p. 5

Con la finalidad de garantizar la certeza jurídica y los derechos humanos, el Senado de la república debe revisar la Ley de Seguridad Interior, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Gustavo de Hoyos Walther, dirigente del sindicato patronal, sostuvo que la legislación aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre contiene aspectos que deben ser analizados a fondo por el Senado.

Indicó que es necesario un análisis profundo, ya que el documento debe garantizar la certeza jurídica, el irrestricto respecto a los derechos humanos y la transparencia en la función de seguridad.

Por tal motivo, consideró que debe ser enmendado todo aquello que ponga en riesgo la normalidad legal, y devolver la iniciativa a la Cámara de Diputados con las modificaciones correspondientes.

Por su parte, con marcado tono ambiguo, el Partido Acción Nacional (PAN) justificó su actitud ante la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Dejamos el voto libre, refirió el diputado Marko Cortés, coordinador de ese partido en San Lázaro.

A pesar del evidente respaldo de sus compañeros a la legislación, el michoacano –quien fue presionado por nueve gobernadores panistas para que votara en favor–, intentó lavar el prestigio de su partido al decir que el blanquiazul no había apoyado la ley. Por supuesto que no, el PAN no acompañó la minuta de seguridad interior, indicó.

En tanto, la Universidad Iberoamericana señaló que si los senadores aprueban la minuta de Ley de Seguridad Interior, estaremos ante un acontecimiento que podría acarrear consecuencias aún peores en materia de inseguridad, violencia, violaciones a los derechos humanos y criminalización de la protesta social.

En un comunicado conjunto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Ibero recordó que no se ha cumplido la promesa de los cuatro administraciones federales recientes de que la intervención militar en seguridad pública sería temporal.

En el mismo sentido, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón hicieron un llamado al Senado a no aprobar la nueva legislación.

En un oficio dirigido al senador panista Ernesto Cordero, presidente de la mesa directiva del Senado, Tlachinollan expresa su total rechazo al contenido de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre.