Sociedad y Justicia
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Instituciones públicas demandan mayor inversión y respeto a la autonomía

Pocos recursos a universidades vuelven a jóvenes presas del crimen organizado
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 20 de febrero de 2018, p. 32

Zacatecas, Zac.

Representantes de las universidades públicas de Oaxaca, Michoacán, Nayarit, Ciudad de México y Zacatecas se reunieron ayer para exigir a la Federación que asigne los recursos necesarios para dar viabilidad a las instituciones de educación superior, así como que se respeten la autonomía y los acuerdos internacionales de inversión.

Eduardo Carlos Bautista Martínez, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; Héctor Pérez Pintor, secretario auxiliar de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo; Adrián Navarrete Méndez, secretario general de la Universidad Autónoma de Nayarit; Hugo Aboites Aguilar, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y Antonio Guzmán Fernández, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), firmaron un manifiesto.

En el teatro universitario Fernando Calderón y al inicio de los trabajos del foro de Reforma Integral de la UAZ, el anfitrión, Guzmán Fernández, expresó que la educación pública es un bien público y social, un derecho humano y universal y un deber del Estado.

Así, entre otros acuerdos demandaron a las autoridades de todos los niveles y a los próximos gobernantes que tomen en cuenta a la universidad pública en la agenda de desarrollo nacional.

Además, señalaron que en las dos décadas pasadas se profundizó la crisis de las instituciones públicas de educación superior, lo cual limitó severamente su capacidad de ofrecer educación pública, gratuita y de calidad, así como generación de conocimiento, ciencia, tecnología y cultura.

El bajo presupuesto asignado a estas instituciones, subrayaron, afecta a los jóvenes de las clases populares que ven frustradas sus aspiraciones de ingresar a las universidades, situación que los convierte en presa fácil de la economía informal, los mercados laborales precarizados, la migración forzada y, en muchos casos, las redes del crimen organizado.

Por lo anterior, las universidades públicas están llamadas a consolidarse como agentes promotores de la igualdad y la equidad, los derechos de las mujeres y personas con discapacidad, el desarrollo de los pueblos originarios y para todos habitantes del país, la democracia, la ciencia, la tecnología y la cultura.