La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 35 millones de pesos al no comprobarse la entrega de medicamentos antirretrovirales, adquiridos por el Centro Nacional de Prevención y Control del VIH/Sida (Censida), a pacientes con este mal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y de Chiapas, de abril de 2016 a marzo de 2017.

En la revisión de la Cuenta Pública 2016, advirtió además que el Censida adquirió nueve claves de ese tipo de fármacos sin someterlos a la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.

La ASF resaltó en su informe que el INER no acreditó la entrega de 12 mil 347 antirretrovirales a pacientes por un importe de casi 29 millones 300 mil pesos.

También detectó deficiencias por la carencia de mecanismos de control y administración de inventarios de los medicamentos, aunado a errores, omisiones e inconsistencias en recetas internas –como haber expedido 373, posterior a la entrega de 361 antirretrovirales a pacientes con tratamiento de dos a seis meses.

Señaló que tanto ese instituto nacional, el de Pediatría y el de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, no contaron con el dictamen de acreditación en servicios de Alta Especialidad de VIH/Sida del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, por lo que no aseguraron el registro oportuno y correcto en el sistema de los insumos recibidos por los proveedores y su entrega a los pacientes.

Por otro lado, la instancia de fiscalización resaltó que la Coordinación Estatal de VIH/Sida de Chiapas no demostró la entrega de 2 mil 496 medicamentos antirretrovirales en los almacenes de los dos Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, ni en los 10 Servicios de Atención Integral Hospitalaria del estado, por un importe cercano a 5.4 millones de pesos. Además de que dos de estos últimos no demostraron la entrega de 337 medicinas a pacientes por 416 mil pesos.

La ASF ordenó que se realicen investigaciones para iniciar procesos administrativos sancionatorios contra los servidores públicos responsables en cada caso.