La pena de muerte, promovida como plataforma electoral de algunos partidos, no disuade la delincuencia y es una salida falsa ante la ineficacia de la procuración de justicia, aseguraron la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y diversas organizaciones civiles y académicas que lanzaron la campaña denominada Exigimos justicia, no venganza. No a la pena de muerte, con el fin de evitar que se apruebe la reforma constitucional promovida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En su declaración señalan que a escala internacional esta pena es considerada inadmisible, incluso para los delitos más graves, como se establece el Estatuto de Roma, el cual fue ratificado por México.

El documento señala también que se trata de una medida discriminatoria e ineficaz, que en consideración al alto índice de impunidad y las graves deficiencias en la procuración y administración de la justicia en el país, con sanciones como la cadena perpetua y la pena de muerte se abriría la posibilidad de ejecutar a personas sin observar las garantías del debido proceso legal, además de una consecuente corrupción en el aparato de administración de justicia.

Agrega que de acuerdo con información de países en que se aplica, esta medida es ineficaz para reducir la criminalidad, ya que la delincuencia es un problema estructural que guarda relación, entre otros factores, con la efectividad de la procuración de justicia.

Asimismo, recuerda que el Estado mexicano está comprometido a respetar el derecho a la vida, tal y como lo establece la Constitución, y que no debe mimetizarse con las conductas criminales, pues una de sus principales funciones es evitar que la venganza sea la vía para la impartición de justicia.

Es una perversión privar de la vida a delincuentes de alto impacto, señaló Álvarez Icaza, quien agregó que los problemas de delincuencia que aquejan al país deben ser vistos desde una perspectiva social y no meramente judicial, toda vez que de abrirse la posibilidad de ejecutar a delincuentes se corre el riesgo de privar de la vida a personas inocentes.

Entre los firmantes del documento se encuentran organizaciones como la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Alianza Cívica, Amnistía Internacional México, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM y Católicas por el Derecho a Decidir, los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez, de la Montaña Tlachinollan y el Comité Cerezo México, entre otros.