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Demandan cerrar mina en Oaxaca
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El bloqueo que realizaron ayer habitantes de Oaxaca en el kilómetro 33 de la carretera Ciudad Alemán-Puerto Ángel obligó a decenas de personas a caminar hasta el municipio de Ocotlán de MorelosFoto Octavio Vélez
Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 18 de junio de 2009, p. 31

Oaxaca, Oax., 17 de junio. Pobladores de los municipios de San José del Progreso, Santa Lucía, San Jacinto y Magdalena, pertenecientes al distrito de Ocotlán, bloquearon la carretera Ciudad Alemán-Puerto Ángel, en el kilómetro 33, para demandar a los gobiernos federal y estatal cumplir una minuta en la que acordaron atender sus reclamos, en particular el cierre de la mina La Trinidad, propiedad de la compañía mexicana-canadiense Cuzcatlán, por dañar el ambiente.

La protesta dejó decenas de vehículos varados y obligó a usuarios de transporte público a buscar otros medios o caminar por la carretera para llegar al municipio de Ocotlán de Morelos.

Agrupados en la Asamblea General de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán en Defensa de la Naturaleza y la Autonomía Popular, los inconformes tuvieron el respaldo de profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

José Alfredo Martínez Jiménez, representante regional de la sección 22 del SNTE, dijo que en la mesa de diálogo instalada el 20 de mayo los gobiernos federal y estatal ofrecieron a los pobladores cancelar provisionalmente los trabajos en La Trinidad y presentar los estudios de factibilidad e impacto ambiental, así como la concesión para operar, además de retirar los agentes de la Policía Estatal Preventiva y frenar el hostigamiento de las autoridades municipales de San José del Progreso y personal de la empresa, pero no ha habido voluntad para cumplir.

Pasado el mediodía, los habitantes retiraron el bloqueo, luego que el secretario general de Gobierno, Jorge Toledo Luis, los invitó a reanudar el diálogo.

Por su parte, los gobiernos federal y estatal se comprometieron a suspender los trabajos en La Trinidad, retirar a policías y entregar copias de la concesión y estudios de impacto ambiental.

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