Fiesta deportiva gay venció a la homofobia
NotieSe| Casi 90 mil personas, entre competidores, asistentes y turistas del colectivo lésbico, gay, bisexual y transgénero, se dieron cita en Copenhague, Dinamarca, donde del 25 de julio al 2 de agosto se celebraron los World Outgames 2009. En contraste con el objetivo de contrarrestar la discriminación hacia la población homosexual, incidentes de violencia homofóbica se registraron durante la semana. Tres deportistas fueron golpeados por neonazis y dos días después una bomba casera fue lanzada a la pista de atletismo, durante una competencia. Ritt Bjerregaard, alcaldesa de Copenhegue, se disculpó por la homofobia e instó a los gobiernos de las ciudades del mundo a elaborar estretegias de visibilidad de la comunidad gay para que la sociedad entienda que nadie puede ser discriminado ni violentado por su diferencia.
Yucatán acota derechos de mujeres y homosexuales Después de una discusión al vapor para modificar la Constitución y otros códigos,
el Congreso del estado cerró el paso al matrimonio entre personas del mismo sexo
y elevó al producto de la concepción al rango de persona. NotieSe | CNotieSe | El sábado 25 de julio se publicó en el Diario Oficial de Yucatán la Ley para la Protección de la Familia, que reforma el artículo 94 de la Constitución y define al matrimonio como la “unión jurídica de un hombre y una mujer”, cerrando así el paso a la unión legal de parejas del mismo sexo. Las modificaciones también impiden que cualquier persona soltera pueda adoptar hijos o hijas. Con 24 de 25 votos, esta ley se aprobó el 15 de julio en el congreso local. A pesar de este revés a la diversidad sexual, organismos civiles que defienden los derechos de las mujeres esperan que la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco (en la imagen) ejerza su derecho de veto a otros cambios en la Ley Suprema estatal, encaminados a “defender la vida desde el momento de la concepción”. Si bien se mantendrían las causales de aborto legal vigentes en la entidad (por violación, por peligro de muerte para la madre, por malformación genética o por causas económicas), se establecería que Yucatán “protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido”.
Las penas que recibirían las mujeres por abortar podrían conmutarse por un “tratamiento médico integral” que incluye atención psicológica, en busca de “reafirmar el valor de la maternidad”. En torno a este tema, la oficina de la gobernadora recibió argumentaciones a favor y en contra de la reforma legal, y hasta el cierre de esta edición ésta no había sido publicada en el diario oficial.
Así, suman ya 14 los estados cuyos Congresos han aprobado leyes que “defienden la vida desde el momento de la concepción”. Ley pro familia
La iniciativa legislativa fue propuesta, al amparo de la Ley de Participación Ciudadana, por la Red Pro Yucatán, la cual dice agrupar a “40 asociaciones civiles interesadas en el desarrollo social y salud pública”. Tal organismo presentó para su admisión 9 mil 703 firmas y contó con el apoyo de instituciones como la Asociación Católica de Abogados, la Asociación de Médicos Católicos, los Caballeros de Colón, Médicos a Favor de la Vida, y la Unión de Padres de Familia. Aunque la Red Pro Yucatán se ostenta como una instancia ciudadana, dos de sus líderes están relacionados con la cúpula local del Partido Acción Nacional (PAN). Jorge Carlos Estrada Avilés fue uno de los asesores más cercanos del anterior gobernador, Patricio Patrón Laviada, y su nombre se barajó entre los candidatos panistas a ocupar diputaciones federales plurinominales en los recientes comicios. El año pasado la vocera de la Red, Ivette Laviadaa Arce, participó en la conmemoración del PAN por el 55º aniversario del voto femenino en México y compartió el presidium con Mariana Gómez del Campo, presidenta del PAN en el DF, y Magali Cruz Nucamendi, presidenta del PAN de Yucatán.
Exigen investigar conforme a derecho
Balean a trabajadoras sexuales transgénero en Hidalgo
NotieSe | Una decena de mujeres transgénero protestaron el pasado 27 de julio a las puertas de la Procuraduría General del Estado de Hidalgo, instancia a la que acudieron a entregar una carta para exigir el pronto esclarecimiento de las agresiones sufridas por dos mujeres transgénero el jueves anterior. En lo que activistas locales calificaron como “crímenes de transfobia” -odio a lo transexual-, poco después de la medianoche del jueves 23 de julio un hombre a bordo de un automóvil blanco disparó en contra de dos mujeres transgénero mientras ejercían el trabajo sexual en la avenida 11 de Julio. Ambas tuvieron que ser sometidas a intervenciones quirúrgicas urgentes. La misiva, dirigida a José Alberto Rodríguez Calderón, procurador de justicia del estado, con copia a Miguel Ángel Osorio Chong, gobernador de la entidad, solicita dar celeridad a la averiguación previa 12/hg/1116/2009, así como el castigo al responsable de los hechos y la implementación de medidas de seguridad hacia la comunidad trans, “una de las poblaciones más estigmatizadas y discriminadas de esta entidad”. La carta, firmada por numerosas organizaciones civiles, exhorta a la justicia local a no permitir la impunidad del caso porque significaría una violación a los derechos humanos, y “una invitación a la violencia contra los hidalguenses que ejercen una preferencia sexual y genérica diferente a la establecida”. El temor a que estos hechos se repitan, y el hecho de que el agresor aún permanezca en libertad, provocó que las trabajadoras sexuales transgénero hidalguenses optaran por permanecer en sus casas a pesar de tener la necesidad de trabajar y “así evitar ser las próximas víctimas”.
Días después de la manifestación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación informó que solicitó a las autoridades del estado de Hidalgo, medidas precautorias para garantizar la integridad física y acceso a la impartición de justicia para las mujeres transgénero agredidas.
Despiden a seropositivos Trabajaban para la delegación Cuauhtémoc, en el DF Leonardo Bastida Aguilar | MPara Julio César, vivir con VIH ha resultado un lastre. La situación le ha llevado a pedir dinero en el metro. En algunas ocasiones no reúne lo suficiente para la comida de él y su pareja, Adalberto. Se conocieron en 2002 y ahora viven en el municipio mexiquense de Chimalhuacán. “A Adalberto se le perforó el intestino y se le diagnosticó VIH”, narra Julio César y explica la manera en que ambos fueron despedidos de su empleo en la delegación Cuauhtémoc, en junio de 2008, tras el conocimiento de las autoridades de su estado de salud y su orientación sexual. En 1994, Adalberto comenzó a trabajar en la delegación Cuauhtémoc dentro de la territorial Obrera-Doctores. Julio César ingresó ocho años más tarde. El primero era chofer de camioneta y el segundo, podador de árboles. Ambos sabían que al finalizar un contrato, de forma automática se firmaba el próximo. En los primeros meses de 2008 Adalberto comenzó a sentir molestias y acudió al médico. En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) le indicaron que no podía ser atendido debido a que era trabajador eventual. Recurrió al Hospital Gustavo Baz, de Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México. Ahí le hicieron la prueba de detección del VIH. Resultó positiva. Al enterarse, Julio César decidió someterse al examen y obtuvo el mismo resultado. "Se acabó el contrato"
Estuvieron mes y medio incapacitados; su jefe les prometió que conservarían su empleo. La relación había sido, hasta entonces, cordial. Sin embargo, el 15 de junio, los despidieron. La falta de contrato y supuestas faltas fueron la explicación de su despido. “Dijeron que robábamos pero no nos comprobaron nada”, dice Julio César. “Dicen que me dieron como quince mil pesos, pero la verdad solo me dieron mil para la prueba confirmatoria”, asegura Adalberto. Por esto, interpusieron una demanda contra las autoridades de la delegación. Sus abogadas, Griselda Moreno y Rosa Martínez, explicaron que no fueron indemnizados conforme a la ley. “La discriminación es latente y por tal motivo tiene que sancionarse a los funcionarios que la ejercieron”. “Quiero que se haga justicia por tanta gente que es discriminada y se queda callada”, dice Julio César mientras observa a Adalberto, quien necesita una malla para que le suturen la herida que tiene en el abdomen a la altura de los intestinos. Siete mil pesos es el costo.
S U B I R | 
