Ginebra 20 de noviembre. El Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) planteó a España cambiar el régimen de incomunicación de los detenidos por actos de terrorismo y espera de Colombia garantías para que el Poder Judicial pueda ejercer sus labores con independencia, y además instó a El Salvador a esclarecer totalmente las desapariciones forzadas acontecidas durante el conflicto armado entre 1982 y 1990.

Integrado por 10 expertos independientes, el comité del organismo mundial monitorea el cumplimiento de la Convención Internacional contra la Tortura, al examinar cada cuatro años el respeto de la misma en los países que la han ratificado, que en la actualidad son 146.

Con respecto a España, el comité señaló que este país europeo debe revisar el régimen de incomunicación, con el fin de su abolición, y asegurar que todas las personas privadas de su libertad tengan acceso a escoger un abogado de su elección, a ser visitado por un médico de elección y a que se ponga en conocimiento de un familiar, o persona que el detenido desee, la detención y el lugar, señaló el dictamen.

El Comité contra la Tortura estimó que el actual sistema de detención vulnera las salvaguardas propias de un estado de derecho contra los malos tratos y actos de tortura, al insistir que cualquier detenido pueda entrevistarse reservadamente con un abogado (derecho que actualmente tiene restringido incluso cuando éste sea un abogado de oficio), explicó el documento.

El organismo de la ONU instó a que el gobierno de Colombia tome medidas inmediatas para descontinuar el acoso y el seguimiento de jueces por agentes de la inteligencia del Estado (el DAS) y sancionar a los responsables por amenazar la independencia del Poder Judicial.

En cuanto a la desmovilización de unos 30 mil paramilitares y los beneficios jurídicos de que gozan, el Comité contra la Tortura de la ONU caracterizó la situación como una “amnistía de facto”, al no coincidir con el principio de la proporcionalidad de la pena y la ausencia de condenas, en el contexto de las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Por su parte, el comité de Naciones Unidas pidió a El Salvador que adopte medidas rápidas para asegurar que se avance en la búsqueda de las personas desaparecidas, se establezca un programa de reparación e indemnización integral para las víctimas y sus familiares, y también se prevengan nuevos casos de desapariciones forzadas o involuntarias durante el conflicto armado, entre 1982 y 1990.

Además, exhortó al país centroamericano a derogar la ley de amnistía vigente desde 1993, pues vulnera el derecho a un recurso efectivo, puesto que impide que se investigue y se sancione a todos los responsables de violaciones de derechos humanos, e impide el derecho a la reparación, indemnización y rehabilitación de la víctimas.