n noviembre pasado Janet Napolitano, titular de Seguridad Interna de Estados Unidos, declaró que el gobierno de Barack Obama apoya una reforma migratoria con base en tres elementos principales: medidas más estrictas para el control de la migración ilegal; un sistema justo para la legalización de más de 12 millones de indocumentados que viven en el país, y una vía expedita para la autorización de visas para trabajadores temporales. Se refirió a los avances en el control de las fronteras, en la supervisión de los centros laborales para evitar que se contrataran indocumentados, y en los sistemas electrónicos con información relativa al estatus migratorio de quienes solicitan empleo.

La semana pasada, en la Casa Blanca, se efectuaron reuniones en las que organizaciones e instituciones que apoyan una reforma migratoria, como la Cámara de Comercio, insistieron en la necesidad de que se den los pasos necesarios para aprobar cambios. En ese marco, Obama expresó su intención de apoyar una reforma integral, pero advirtió que ello será posible una vez que concluya la referente al sistema de salud, cuyas negociaciones han sido controversiales y complicadas.

La promesa del apoyo presidencial debe tomarse con las debidas reservas, no porque haya que dudar de ella, sino porque acto seguido el senador republicano Bill Graham fue enfático en señalar que la iniciativa se paralizaría si los demócratas insisten en aprobar la de salud por mayoría simple.

A los obstáculos que en el pasado se han puesto a la reforma migratoria ahora hay que agregar la amenaza de los republicanos de boicotearla si los demócratas aprueban una iniciativa a todas luces necesaria, como la de salud. Nuevamente la migratoria será rehén de una coyuntura política que en el fondo tiene poco que ver con la problemática de la reforma en sí. El conflicto, al menos por ahora, no está en el contenido de ésta, sino en la intención del Partido Republicano, y dentro de él sus estratos más conservadores, de no permitir que Obama reciba algún reconocimiento por cualquier reforma que sea firmada por él, llámese de salud, migratoria o bancaria.

Parece que la paciencia del presidente se agotó y solicitará a sus compañeros de partido en el Congreso que aprueben la de salud. No será extraño que tenga que hacer lo propio para aprobar una que ordene el disfuncional sistema migratorio del país. De no ser así, sólo quedarán vigentes las estrictas medidas para perseguir a los indocumentados y castigar a quienes los contraten. Sería una mala señal para quienes apoyaron a Obama cuando prometió resolver el problema migratorio mediante una reforma en la que se hiciera justicia a esos trabajadores.