Zacatecas, Zac., 25 de abril. La Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectaron en la cuenta pública del ejercicio 2008 del gobierno de Zacatecas presuntos desvíos de recursos públicos por casi 2 mil millones de pesos, de un total de 19 mil 500 millones ejercidos.

Las principales irregularidades se relacionan con licitaciones de obras públicas y adjudicaciones directas fuera de la normatividad. También se detectó desfase presupuestal en los principales proyectos gubernamentales y sobreejercicio de recursos.

Asimismo se descubrieron pago de obras inexistentes, entrega de fondos de programas de asistencia social con retrasos de más de tres meses y retención de fondos a los 58 municipios hasta por cuatro meses.

El 15 de abril el Congreso local aprobó por mayoría –con el voto del Partido del Trabajo en contra–, el dictamen de la cuenta pública 2008, y se pidió fincar responsabilidades administrativas contra servidores públicos, como recomendaron la ASF y la ASE en sus revisiones.

Los tres diputados locales del PT exigieron que el dictamen elaborado por las Comisiones de Hacienda y de Vigilancia, que encabezan los legisladores J. Refugio Medina Hernández, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) –primo hermano de la gobernadora Amalia García Medina–, y Leodegario Varela González, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no se aprobara debido al número de irregularidades y el monto de los recursos involucrados.

Los otros 24 legisladores aprobaron el dictamen, con la salvedad de que la aprobación de la cuenta pública dejara a salvo los derechos y responsabilidades que corresponda ejercer o fincar a la Auditoría Superior del Estado y otras autoridades respecto al manejo y aplicación de recursos financieros propios y/o federales.

Además, instruyeron a la Auditoría Superior del Estado emitir pliegos definitivos de responsabilidades administrativas y pliego de observaciones.

El pliego de responsabilidades de la ASE consta de 24 tomos y casi 2 mil hojas; el de la ASF contiene más de 500 fojas. La Jornada tiene copias de los resolutivos de ambos dictámenes.

Gasto discrecional

Éste es el más escandaloso caso de corrupción política y gubernamental en el estado, aseguró el diputado Guillermo Huizar Carranza, coordinador de la fracción legislativa del PT, quien fue secretario de Finanzas durante el gobierno de Ricardo Monreal Ávila (1998-2004). Además atribuyó la aprobación de la cuenta pública a extraños y oscuros acuerdos del PRI y el Partido Acción Nacional (PAN) con el PRD y Amalia García.

Para el también presidente de la mesa directiva del Congreso local, lo más grave es que Amalia García ejerció en forma discrecional 5 mil millones de pesos en 2008. Ese año la legislatura autorizó un gasto de 14 mil 483 millones 505 mil pesos, pero gracias a ampliaciones presupuestales del gobierno federal se recibieron y erogaron 19 mil 411 millones 980 mil pesos.

La ley de Coordinación Fiscal de Zacatecas obliga al Ejecutivo a enterar al Poder Legislativo sobre el uso que dará a recursos excedentes cuando éstos superen 10 por ciento de lo aprobado por la Legislatura. Amalia García no informó a los diputados locales, a pesar de que el excedente fue mayor a 25 por ciento.

La gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina, durante la presentación de su quinto informe de gobierno, en el Palacio de Convenciones de la capital del estado, en 2009Foto Alfredo Valadez Rodríguez / Archivo

Las observaciones de la ASE

El organismo fiscalizador estatal recomendó a diputados locales fincar responsabilidades a funcionarios de la Comisión Estatal de Agua Potable, de la Secretaría de Obras Públicas (Secop), de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, de la Secretaría de Finanzas y de la Oficialía Mayor de Gobierno, entre otras dependencias.

El informe de revisión a la Secop OP-04/SECOP-003 señala que para la obra suministro e instalación de lonaria en las instalaciones de la feria de Zacatecas se aprobaron 40 millones 292 mil pesos y los trabajos se asignaron directamente a la empresa Lonas Lorenzo con el contrato SECOP-DUCV-067-2008, por un monto de 29 millones 435 mil pesos y un periodo de ejecución del 15 de abril al 15 de julio de 2008, pero debió haberse hecho una licitación nacional y no se informó dónde están los 10 millones 565 mil pesos restantes.

Otro caso es la construcción del domo del lienzo charro para la Feria Nacional de Zacatecas. El Congreso aprobó 19 millones 550 mil pesos, y se asignó por licitación pública a Victoriano Maldonado Ibarra, con el contrato SECOP-FPIA-205-2007 del 28 de septiembre de 2007.

Meses después, la Secop autorizó un convenio de ampliación del monto por 4 millones 98 mil pesos y luego se incrementó ese monto en un millón 263 mil pesos sin justificación.

El anexo OP-15 detalla que para la construcción del estacionamiento Plaza Bicentenario (contrato Secop DUVC-016-2009) se aprobó un monto inicial de 15 millones de pesos, pero al final se le autorizaron 279 millones 634 mil pesos, una diferencia de 264 millones 644 mil pesos.

En cuanto a la Secretaría de Finanzas, la ASE presentó, como parte del expediente CPE08-AF-SEFIN-06, una observación sobre las participaciones entregadas a los 58 municipios. Acotó que los recursos del Fondo de Fiscalización se entregaron con desfases de 125 días; las del impuesto especial sobre producción y servicios, con un retraso de 65 días, y las correspondientes al impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, 134 días después.

El caso del invernadero fantasma

En la revisión CPE08-AF-SEFIN-09, la ASE encontró obras sin avances a la fecha de revisión, que no existen a pesar de tener presupuesto asignado, entre ellas la adquisición de reserva territorial en el municipio de Ojocaliente, la urbanización y el desarrollo de una célula microindustrial (17 millones de pesos), y el Proyecto Turístico de Conservación de los Conos de Santa Mónica, con un presupuesto de dos millones de pesos.

También se hicieron dos erogaciones no justificadas por 10 millones 460 mil pesos para la compra y equipamiento de un invernadero cuya ubicación, propietario y justificación se desconocen.