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Unas 40 viviendas fueron quemadas; responsabilizan a regidor

Disputa por un predio en Veracruz deja una persona muerta y 10 heridos
Corresponsales
Periódico La Jornada
Sábado 19 de junio de 2010, p. 23

Jalapa, Ver., 18 de junio. Un enfrentamiento ocurrido la madrugada de hoy por la disputa de un predio entre dos grupos, en el municipio de Martínez de la Torre, al norte del estado, dejó un saldo de una persona muerta y 10 lesionados, además de unas 40 viviendas quemadas y tres vehículos dañados, informó Salvador Mikel Rivera, procurador de Justicia local.

Reynaldo Escobar Pérez y Sergio López Esquer, secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública estatal, respectivamente, se trasladaron al sitio del enfrentamiento para mediar entre las partes en pugna. No descartaron expropiar el terreno.

Eran aproximadamente las tres de la mañana cuando integrantes de un grupo que se dice propietario del predio de Santo Tomás, llegó con armas de fuego, machetes y palos con la intención de desalojar a otro sector que mantiene invadido el predio desde hace un par de semanas.

La señora Filomena Abundio Ruiz, de 37 años, murió por golpes y al menos ocho personas resultaron lesionadas por arma de fuego y heridas graves producidas por palos y machetes, además de que la gresca también dejó por lo menos 40 viviendas quemadas y tres vehículos dañados. Algunas fuentes hablan de más de 200 casas de lámina y cartón destruidas y quemadas. Los lesionados, todos varones, se encuentran en hospitales de la zona.

Del enfrentamiento se responsabiliza a Urbano Gómez Becerril, regidor del ayuntamiento de Martínez de la Torre, un antiguo panista que hoy se dice independiente, a quien acusan de promover la invasión del predio.

Versiones extraoficiales señalan que el grupo de choque que llegó a desalojar el predio fue apoyado por un comando armado, al parecer del cártel del narcotráfico La Familia Michoacana. Las autoridades negaron dichas versiones y aseveraron que algunos integrantes del grupo que provocó la violencia utilizaron pasamontañas y por eso fueron confundidos por sicarios.

La población prefirió no abrir comercios y escuelas, y resguardarse desde temprano cuando escucharon las primeras detonaciones, pues ignoraban qué estaba sucediendo en su localidad.

La Procuraduría de Justicia del Estado informó que el batallón 87 de infantería del Ejército controla el predio, apoyado por policías federales y estatales.

La PGJE negó que el enfrentamiento haya sido entre organizaciones políticas y lo redujo a un encuentro violento entre particulares.