Querétaro, Qro, 5 de febrero. En el Teatro de la República, al conmemorar el 95 aniversario de la Constitución de 1917, el presidente Felipe Calderón llamó al Congreso a completar la reforma institucional que el país requiere: valoren, discutan y aprueben las leyes fundamentales para consolidar el estado de derecho, precisamente en lo que tiene que ver con el desafío de la amenaza criminal.

Insistió ante gobernadores, miembros del gabinete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los representantes del Congreso y los titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Instituto Federal Electoral (IFE) en que los legisladores aprueben la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Mando Policial Único y Confiable, la Ley Contra el Lavado de Dinero, la legislación complementaria en materia penal, las reformas en materia económica y la reforma política.

Destacó que la Ley de Seguridad Nacional busca reforzar y ordenar el procedimiento a seguir, para precisar y ejercer la corresponsabilidad que la Constitución nos atribuye a los tres órdenes de gobierno en la tarea de brindar seguridad a los ciudadanos y preservar, a la vez, la seguridad nacional e interior del país, y crear un marco claro para la acción, entre otras, de las fuerzas armadas, para que tengan mayor certidumbre en su tarea de servir a la gente y proteger a las familias mexicanas.

Calderón hizo una apretada síntesis de lo que contienen las leyes que piden sean aprobadas: reducirán el número de cuerpos policiacos, de más de 2 mil, a 32 cuerpos confiables, fuertes eficaces; para desmantelar la capacidad financiera del crimen organizado; para tipificar nuevas conductas delictivas, como las que ponen en práctica los criminales y asuelan a la sociedad; para generar competitividad, mejores empleos, y para devolver el poder a los ciudadanos en la elección y valoración de sus representantes.

Aseveró que los desafíos del país pueden ser indefinidos, pero los tiempos de los gobiernos y las legislaturas son limitados. Por eso, los mexicanos no pueden ni tienen por qué esperar más a que se cuente con leyes e instituciones que los protejan de tales desafíos, en particular en tiempos que son complejos para todos.