La figura del arraigo, elevada a rango constitucional en junio de 2008, es uno de los elementos que generan el actual clima de violencia del Estado mexicano en contra de su población, ya que permite la detención de sospechosos hasta por 80 días y en muchas ocasiones puede facilitar la comisión del delito de desaparición forzada.

Así lo advirtió la senadora Rosario Ibarra de Piedra durante su participación en la tercera sesión del foro Los grandes problemas nacionales. Diálogos por la reconstrucción de México, realizada la noche del pasado martes en el Club de Periodistas, con el auspicio del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La también dirigente del Comité Eureka afirmó que desde hace 39 años se ha enfrentado a la violencia del Estado mexicano, cuyas formas han cambiado a lo largo de los años hasta alcanzar hoy la modalidad de una supuesta guerra contra el crimen organizado, lanzada por un gobierno espurio para ocultar su falta de legitimidad.

De manera simultánea, dijo Ibarra, se ha impuesto la idea de que en el país “no ocurre nada: los asesinatos de civiles se consideran ‘daños colaterales’, la presencia del Ejército en las calles es constitucional y el pueblo vive mejor que hace cinco años”.

Este ejercicio de simulación consiste en repetir por todos los medios posibles que se respetan los derechos humanos, cuando en la práctica éstos son violados cotidianamente, sin importar que las autoridades hayan firmado diversos tratados internacionales en la materia.

Una de las prácticas autoritarias más aberrantes, subrayó la legisladora, es la del arraigo –ahora elevado a rango constitucional–, puesto que por medio de ella se justifican las detenciones arbitrarias, la fabricación de culpables e incluso las desapariciones forzadas.

Al mismo tiempo, las reformas a la Ley de Seguridad Nacional buscan dar sustento legal a la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, cuando ya se ha comprobado que la presencia de los uniformados en las calles no sólo no detiene la violencia, sino que la incrementa exponencialmente al paso del tiempo.

Así se conforma un Estado militarizado, conducido de forma incompetente, donde no se soluciona el problema de la inseguridad pero sí se atropellan las libertades públicas. Además, se abre la puerta a la represión militar de los movimientos sociales, cuando el jefe del Ejecutivo decida unilateralmente que afectan a la seguridad interior del país, advirtió.

Mantener esta estrategia en un momento como el actual, de terrible descomposición social y política, constituye un terrible peligro para la libertad de las personas y puede causar más daños que soluciones, dijo.

En resumen, apuntó Ibarra, el origen del clima de violencia y el regreso masivo de los actos de desaparición forzada se encuentra en la decisión de este régimen político de legitimarse, y por ello los intentos de proteger los derechos humanos se encuentran con una barrera inexpugnable que no nos permite avanzar.

Por todo lo anterior, la legisladora propuso eliminar de manera urgente el fuero de guerra, ya que de esta forma se acabarían los sistemas judiciales de privilegio; crear una comisión de la verdad sobre los crímenes de Estado ocurridos desde la década de los 60; depurar las entidades de impartición de justicia, y emitir una ley general en contra de la desaparición forzada.

No hay más solución en el corto plazo que sacar a este grupo del gobierno y comenzar un proceso de reconstrucción del andamiaje institucional, como el que esperamos inicie Andrés Manuel López Obrador en caso de llegar a la Presidencia de la República, concluyó la senadora del Partido del Trabajo.