Buenos Aires, 29 de abril. La justicia argentina allanó los domicilios del ex dictador Jorge Rafael Videla y otros dos ex altos miembros del gobierno de facto (1976-1983) y confiscó documentos vinculados a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Argentina, informó hoy la prensa.

Los allanamientos, que incluyeron además las viviendas del ex ministro del Interior Albano Harguindeguy y del ex director de Institutos Militares Santiago Riveros, se realizaron entre el viernes y el sábado en completa reserva y estuvieron a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que depende del Ministerio de Seguridad, señaló el diario Página/12, que tuvo acceso a la documentación.

Según el periódico, la PSA recogió gran cantidad de documentación que era desconocida, relacionada con delitos cometidos durante la última dictadura.

La juez Alicia Vence ordenó incautar toda la documentación, así como cualquier otro elemento de interés para la causa que sigue por múltiples casos de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en la zona norte del Gran Buenos Aires, entre ellos contra trabajadores de las fábricas Mercedes Benz y Ford durante la dictadura militar, agrega la información.

A Videla, quien cumple prisión perpetua en una cárcel, se le incautaron documentos con el rótulo secreto de evaluación política del régimen militar, entre ellos un Informe de cumplimiento de gestión 1979 y plan de acción 1980 y registros de inteligencia que hablan de una posible contraofensiva de grupos guerrilleros de izquierda, indicó Página/12.

Además, se hallaron partes de inteligencia de mayo 1976, fotos, negativos, casetes, cartas, manuscritos, cajas con archivos de diarios y carpetas con información de 1980 hasta ahora casi desconocida y se estima puede contener parte de los preparativos para frenar la contraofensiva de Montoneros, agrega.

Las fuentes señalaron que entre los documentos incautados a Harguindeguy y Riveros, ambos también detenidos, figuran informes de gestión en 1979 y el plan de acción 1980 y pautas de la junta militar al poder ejecutivo nacional para el ejercicio de la acción de gobierno 1981-1984, que lleva el rótulo de secreto.

Según afirmaron fuentes judiciales al diario, el material decomisado puede ser de gran utilidad para avanzar en los procesos de memoria, verdad y justicia.