La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas –aprobada el pasado 27 de abril en la Cámara de Diputados– no sirve para frenar los delitos sexuales en contra de niñas, niños y mujeres, y sus características la hacen prácticamente imposible de llevar a la realidad, por lo que debería ser vetada por el Ejecutivo federal.

Así lo advirtió la directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa, quien señaló que dicha legislación incluye delitos duplicados que legalizan de facto el proxenetismo y permiten que los delincuentes queden en libertad por medio de amparos,

Aunque la organización reconoce algunos alcances positivos de la ley, entre ellos un programa de protección a víctimas, y la inclusión de modalidades en que se lleva a cabo la trata de personas, como la servidumbre, la mendicidad, la esclavitud y el tráfico de órganos, señaló que hay huecos preocupantes en la iniciativa, que la hacen inaplicable e incluso contraproducente.

Entre ellos, explicó Ulloa, en el artículo 25 se establece que las penas de cárcel para los consumidores dependen de que estos sepan que están contratando a una víctima de trata, lo cual es muy difícil de comprobar. Además, en el artículo 18 se determinan castigos para quienes organizan actividades de turismo sexual, pero no se penaliza a quien los paga.

Por todo lo anterior, Ulloa exhortó al presidente Felipe Calderón a vetar la ley, y afirmó que la CATWLAC seguirá cabildeando para lograr la aprobación de un modelo parecido al que se aplica en Suecia, Noruega e Islandia.