Ante el incumplimiento de sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el presidente de ésta, Diego García-Sayán Larrabure, planteó que los países del área aprueben leyes que garanticen el pleno acatamiento de las resoluciones.

A su vez, el vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, Bernardo Sepúlveda Amor, destacó el deber del Estado mexicano de proteger a extranjeros en territorio nacional.

Es una obligación general del derecho internacional público, pero también una obligación consagrada en los textos legales mexicanos, sostuvo el ex canciller en conferencia de prensa.

García-Sayán y Sepúlveda hablaron ayer en la Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas, Constitucionales y Regionales –con asistentes de más de 30 naciones–, en cuyas mesas de trabajo hubo coincidencias en la importancia de que los países implementen políticas públicas en sintonía con los valores constitucionales y armonicen los estándares internacionales de los derechos humanos para su plena aplicación.

Sepúlveda agregó que en relación con la seguridad de los migrantes, México tiene una responsabilidad particular para garantizar de manera efectiva que las obligaciones jurídicas en la materia se acaten de manera plena por todos los órganos del Estado.

Destacó la obligación del Estado de garantizar la integridad física y moral de jueces, periodistas y funcionarios públicos encargados de la procuración e impartición de justicia.

Garcia-Sayán comentó que en la gran mayoría de países del área no hay una legislación de operativización de las sentencias internacionales; si existiera, sería un elemento muy útil para cumplir con sentencias que no son privativas del Poder Ejecutivo, sino también de otros órganos del Estado.

Se pronunció por que se aplique un mecanismo similar para resoluciones comerciales o contractuales en las que los países acuden al arbitraje internacional.

Comentó que la CIDH está en perfecta sintonía con las decisiones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso Rosendo Radilla, particularmente por su decisión de que los militares que violen derechos humanos de civiles o cometan delitos de lesa humanidad sean juzgados por el fuero común.

Sobre el hecho de que el Congreso mexicano no ha cumplido con reformar el Código de Justicia Militar, comentó: siempre hay componentes que pueden a uno hacerlo pensar en que el vaso está medio vacío, pero básicamente está lleno, y hay un esfuerzo muy importante que hay que destacar.

Flanqueado por los ministros de la SCJN Margarita Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales, el presidente de de la CIDH destacó que aun cuando ésta no cuenta con herramientas coercitivas para obligar a un Estado a acatar las sentencias, a diferencia de otros tribunales, se encarga directamente de de la supervisión del cumplimiento de sus resoluciones.