Las reformas al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres de una Vida Libre de Violencia –publicadas ayer por el gobierno federal– representan un retroceso porque excluyen de los procedimientos para la declaratoria de la alerta de género en alguna entidad de la República Mexicana a las asociaciones de defensa de los derechos humanos y de equidad, afirmó María de Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, constituido por cerca de 40 organizaciones.

En entrevista, advirtió que las reformas significan violaciones contundentes al derecho de petición de audiencia de las asociaciones civiles, de juristas y mujeres que solicitan la aplicación de este mecanismo, más cuando se han incrementado los feminicidios, la trata de personas, la violencia sexual y las desapariciones.

Por ese motivo, adelantó, emprenderán acciones legales para ampararse contra el nuevo reglamento, a la par que hizo un llamado a todas las organizaciones civiles de derechos humanos para que se sumen en esas acciones al movimiento feminista.

“Las reformas –sostuvo– son contrarias a las recomendaciones que hizo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el Examen Periódico Universal de octubre pasado, donde se estableció que el desafío del gobierno de Enrique Peña Nieto es quitar los obstáculos para una aplicación efectiva de la alerta de género”.

Resulta preocupante, agregó, que las peticionarias (las asociaciones civiles) sólo vamos a saber de la declaratoria de alerta cuando se niegue, y esto será seis meses después de requerirla. En suma, las y los activistas estamos siendo excluidos del derecho de audiencia, a pesar de ser la parte peticionaria para la declaratoria.

Lo anterior, indicó, significa que no hay manera de que las acciones que lleve a cabo un gobernador para proteger a las víctimas realmente se cumplan.

Además, en el nuevo artículo 36 del reglamento se establece que en el grupo interinstitucional y multidisciplinario que investigará los hechos de violencia en algún estado donde se solicite la declaratoria participarán la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia y el Instituto de las Mujeres, el cual ha sido juez y parte en los gobiernos locales. Lo que propuso la sociedad civil organizada fue que no hubiera instancias federales ni locales, sino que fueran expertas en el tema las que resolvieran.

Aparte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, declaró que se requiere prevenir y erradicar las diversas formas de violencia que se ejercen contra las mexicanas, quienes representan más de la mitad de la población.