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De vuelta a prisión
Aún existen territorios sin ley: Coparmex
 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de febrero de 2014, p. 6

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) denunció que el costo que provoca el crimen organizado superó el crecimiento económico que el país alcanzó el año pasado.

El costo estimado del crimen alcanza 1.34 por ciento del producto interno bruto (PIB). Para darnos una idea de la dimensión que esto significa, esta cifra es mayor a lo que crecimos en todo 2013 (de 1.1 por ciento del PIB).Se trata de 215 mil millones de pesos, que pudieran haberse destinado a solventar otras necesidades urgentes del país, como el combate a la pobreza, la inversión en infraestructura o el impulso a la calidad educativa, indicó el presidente del organismo patronal, Juan Pablo Castañón.

Advirtió que el efecto positivo de las reformas estructurales recién aprobadas puede diluirse si no se logra la plena recuperación y restauración del estado de derecho. Añadió que hay territorios sin ley, donde prevalecen altos índices de secuestro y extorsión, economías ilegales y criminales y la ausencia absoluta del estado de derecho.

Reclaman estrategia integral

Si bien el sector patronal hizo un reconocimiento a las fuerzas armadas y al Ejecutivo federal por los recientes éxitos obtenidos en la lucha contra el crimen organizado, demandó avanzar en una estrategia integral para disminuir la inseguridad que viven algunas regiones del país.

Puntualizó que el tema de seguridad es hoy uno de los más sensibles para la población, y este avance debe ser reconocido.

En su mensaje semanal, el presidente de la Coparmex recordó que cuatro de cada 10 empresas sufren algún tipo de delito al año; uno de cada tres hogares mexicanos tiene al menos una víctima de la delincuencia.La mayoría de los analistas del sector privado, indicó, considera a la inseguridad como el principal factor que puede obstaculizar el crecimiento de la economía en los próximos meses.

Añadió que se debe potenciar el fortalecimiento institucional que requiere una estrategia integral de seguridad, acelerar la implementación del sistema penal acusatorio, con juicios orales en todo el país, y avanzar en la reconstrucción del sistema de impartición de justicia.