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La inédita marcha demandará una investigación apegada a derecho

Convocan a manifestarse en apoyo a los militares detenidos por el caso Tlatlaya

Consideran que se realiza un linchamiento mediático con el pretexto de los derechos humanos

 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de octubre de 2014, p. 17

El movimiento #YoSoy26 convocó a la ciudadanía en general y a todos los que en su momento han sido auxiliados por elementos de las fuerzas armadas en operativos en contra del crimen organizado, o bien en casos de desastres, a la marcha que se realizará este sábado 11 de octubre a las 11 de la mañana del Zócalo capitalino a Los Pinos, en apoyo a los soldados involucrados en la muerte de 22 personas el 30 de junio pasado en el municipio de Tlatlaya, estado de México.

Los organizadores de la marcha sostienen que no están en condiciones de decir si los militares vinculados al presunto ajusticiamiento ocurrido en Tlatlaya son culpables o inocentes. Exigimos que la investigación se lleve a cabo conforme a derecho y se garanticen los derechos humanos de los soldados y se actúe en contra de los responsables.

En entrevista, Ana Lucía Zavala, presidenta nacional de la Organización Humanista por el Progreso Social, y Mario Montes Aguilar, dirigente de la agrupación a escala capitalina, organizadores de esta marcha inédita, precisaron que su movimiento es totalmente civil y está legitimado por parte de la sociedad que está consciente de que en el caso de Tlatlaya, como en otros muchos, hay militares procesados o que están en prisión injustamente, porque no se han respetado sus garantías procesales.

Agregaron que en el caso concreto, tiene lugar un linchamiento de medios de comunicación que atacan al Ejército Mexicano con el argumento de que los soldados violaron los derechos humanos de los presuntos delincuentes ultimados.

Por su parte, el abogado César Gutiérrez, quien encabeza la asociación Jesús Gutiérrez Rebollo, sostuvo que apoya este movimiento porque, independientemente de la inocencia o culpabilidad de los soldados involucrados, lo cierto es que los procesos penales y en el fuero castrense están plagados de irregularidades y de falta de información confiable sobre lo ocurrido.

Sostuvo que, de ser cierta la versión sobre el presunto ajusticiamiento, la responsabilidad no debe recaer únicamente en el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez y en los 25 soldados investigados por el fuero de guerra y el fuero federal, sino también tendrían que ser puestos bajos pesquisas el coronel a cargo del agrupamiento y los mandos de la 22 Zona Militar para deslindar responsabilidades.