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El cártel atacó a pequeños productores de insumos para la extracción de hidrocarburos

Región gasífera de Coahuila asolada por Los Zetas, en la mira de trasnacionales
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El pasado 12 de noviembre pobladores del municipio de Allende, Coahuila, junto con otros activistas, bloquearon varias horas la carretra federal 57, cerca de donde se realizaba un foro sobre el sector energético, en demanda de que las autoridades continuaran con las investigaciones sobre el presunto secuestro de más de 300 personas a manos de Los ZetasFoto Homero Aguirre
Ignacio Alvarado Álvarez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de diciembre de 2014, p. 32

Saltillo, Coah.

En marzo de 2011, sujetos armados irrumpieron en poblados del norte de estado, entre ellos el municipio de Allende, donde secuestraron a familias enteras, de las que no se volvió a saber.

En abril de este año, las viviendas de estas personas, saqueadas y destruidas por los pistoleros, fueron demolidas por las autoridades.

Oficialmente se difundió que el secuestro colectivo fue una venganza contra dos miembros del cártel de Los Zetas acusados de traición, ordenada por Miguel Ángel Treviño, El Z-40, a quien la Marina detendría en el verano de 2013.

En febrero pasado la prensa divulgó algunos detalles de la incursión de los comandos, después que el gobierno del estado desplegó más de 250 policías, apoyados por militares, para buscar evidencias de la agresión.

En abril, el presidente municipal de Allende, Luis Reynaldo Tapia Valadez, dijo que más de 300 personas habían sido secuestradas y muchas más huyeron.

Las autoridades informaron que un centenar de los capturados habrían sido asesinados e incinerados en el penal de Piedras Negras. La televisión mostró imágenes de tambos presuntamente utilizados para quemar a las víctimas, en medio de las ruinas que dejaron en los poblados atacados.

Sin embargo, las autoridades nunca aclararon por qué empezaron a investigar tres años después, ni cómo fue que un grupo de pistoleros pudo desplazarse durante semanas sin que ninguna fuerza del Estado les hiciera frente.

En el norte de Coahuila se localiza una de las reservas más ricas de gas de esquisto, agua y carbón, este último materia prima para distintos procesos de extracción de hidrocarburos.

Las zonas donde se han presentado más enfrentamientos entre sicarios y de éstos y con las fuerzas armadas, así como desplazamiento de personas de sus tierras y negocios, son ricas en hidrocarburos, muy particularmente las cuencas de Sabinas y Burgos, expone Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada y directora del Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas en Brownsville.

Ella y otro académico texano, Tony Payán, publicaron un análisis para el Centro México de la Universidad de Rice sobre el enorme potencial que ofrecen los yacimientos de gas de esquisto y petróleo en la cuenca de Burgos y las aguas profundas del Golfo de México.

Con la reforma energética –sostienen– la producción alcanzará niveles sin precedente, lo que interesa sobre todo a empresarios y políticos.

Por décadas, el contrabando de droga hacia Estados Unidos se relizaba sin grandes enfrentamientos. Ciudad Acuña y Piedras Negras presumían ser la frontera blanca. Sin embargo, entre 2005 y 2009 (los primeros cuatro años del gobierno de Humberto Moreira) se cometieron 788 homicidios. A partir de entonces, la región fue sacudida por actos criminales cada vez mayores y frecuentes: entre 2010 y 2011 se cometieron en Coahuila mil 67 homicidios. Las extorsiones y secuestros se volvieron masivos.

Allende se localiza a una hora en auto del 14 regimiento de caballería motorizada de Múzquiz, y a 20 minutos de la guarnición de la plaza de Piedras Negras. En la caseta de cobro de la autopista que cruza el poblado hay militares en servicio. En marzo de 2011 nadie auxilió a las familias secuestradas.

“Todos estaban vendidos. Nadie llegó para ayudar. La gente estaba asustada y enojada. Mi papá pudo hacer algunas llamadas. Habló al número que el Ejército dio para denunciar a los narcos. Yo sé que mucha gente avisó, pero nunca llegaron los soldados en semanas”, recuerda una sobreviviente de los ataques, refugiada en Texas.

Nadie se ha atrevido a ligar una cosa con la otra, pero el día que lo hagan se van a dar cuenta de que nada fue espontáneo, afirma un ex funcionario del gobierno de Humberto Moreira.

En marzo de 2011 fueron detenidos dos supuestos mandos de Los Zetas en Coahuila. Se les identificó como Gerardo Hernández, El Gerry, y Pedro Toga, El Guacho. Ambos se acogieron al programa de testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR) junto con José Luis Sarabia, otro presunto jefe del mismo cártel, detenido en enero de 2012.

Los tres incriminaron a mandos de las policías Federal, estatal y municipal como parte de su red, así como a Humberto Torres Charles, quien fue director jurídico de los Servicios Estatales de Salud al amparo de su hermano Jesús, a quien Moreira nombró fiscal del estado.

Humberto Moreira delegó a militares en retiro la responsabilidad de combatir la delincuencia organizada: ocuparon secretarías de seguridad pública municipales y jefaturas de la policía estatal. El nuevo gobierno, a cargo de su hermano Rubén, constituyó el Grupo de Armas y Tácticas Especiales, con la finalidad de combatir a Los Zetas.

“Los Zetas establecieron un sistema de terror que les fue permitido; concentraron sus ataques en pequeños y medianos empresarios, sobre todo de la industria del carbón”, sostiene Guadalupe Correa-Cabrera, quien prepara un libro sobre esa industria.

“El fracking (explotación de hidrocarburos por medio de fractura hidráulica) necesita acero, carbón, agua y posesión de tierras. El gas de esquisto será el combustible para el futuro inmediato.

Los beneficiados con esto no sólo son los grandes empresarios y políticos locales, sino las grandes trasnacionales, como Exxon, Schlumberger, Halliburton. La seguridad en el territorio de la cuenca es el otro gran negocio en espera, concluye.