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Actuaban sin rendirme cuentas, declara el alcalde Miguel Peñaloza a la Seido

Edil: mando de Sedena impuso los 2 últimos jefes policiacos en Cocula

Uno fue ejecutado en 2012; el otro, Salvador Bravo Bárcenas está detenido por el caso Iguala

Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Martes 30 de diciembre de 2014, p. 3

Entre 2011 y 2014 han estado a cargo de las direcciones de seguridad pública del municipio de Cocula, Guerrero, dos ex militares en retiro. Uno fue el teniente Tomás Biviano Gallegos, ejecutado por sicarios en noviembre de 2012, y el otro es el mayor Salvador Bravo Bárcenas, actualmente detenido por sus presuntos vínculos con la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Un tercer ex militar, César Nava, era el subdirector de seguridad pública de ese ayuntamiento, pero también está en prisión y sujeto a proceso penal por los mismos hechos.

Al declarar por segunda ocasión ante fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (Seido), César Miguel Peñaloza, actual alcalde de Cocula, aseguró que los ex militares responsables de las fuerzas policiacas de ese municipio, Tomás Biviano y Salvador Bravo, actuaban de manera unilateral, sin que me rindieran cuentas de sus acciones o de sus operativos.

Funcionarios de la Seido que participan de las indagatorias del caso Ayotzinapa informaron a La Jornada que Peñaloza –alcalde del Partido Revolucionario Institucional a quien la Procuraduría General de la República (PGR) no ha podido llevar a la cárcel– sostuvo en sus dos declaraciones ministeriales que cuando él asumió el cargo de edil ya estaba como director de seguridad pública el ex militar que fue asesinado a finales de 2012, mientras que el mayor Bravo fue una recomendación en el cargo de altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Según el dicho de Peñaloza, el comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, general de división Alejandro Saavedra Hernández, recomendó a los ex militares que ocuparon los cargos de directores de seguridad pública de Cocula.

Tanto padres de los 43 estudiantes desaparecidos como normalistas de Ayotzinapa han lanzado acusaciones públicas contra el general Saavedra, pues sostienen que el mando militar habría ordenado a elementos del 27 batallón de infantería con sede en Iguala que se mantuvieran omisos ante las agresiones que sufrieron los estudiantes normalistas durante la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre pasado.

A pesar de que el edil de Cocula negó rotundamente tener alguna relación con la desaparición de los 43 estudiantes y de que aseguró que los mandos del área de seguridad pública de ese municipio actuaban de manera unilateral y no le rendían ninguna cuenta al presidente municipal, las autoridades de la Seido buscaron obtener una orden de aprehensión en su contra.

Sin embargo, el juzgado primero de distrito de procesos penales con sede en Matamoros, Tamaulipas, ordenó el pasado sábado la inmediata libertad de Peñaloza, por no hallar pruebas suficientes en su contra.

Luego de permanecer una semana en la Seido, el edil fue consignado ante un juez por delincuencia organizada.

El pasado 19 de diciembre, personal de la PGR detuvo a Peñaloza en Cocula y lo trasladó a la ciudad de México para que ampliara su primera declaración que hizo a mediados de octubre por la desaparición de 43 normalistas, el 26 de septiembre en Iguala.

Actualmente 14 policías, el director de seguridad pública, Salvador Bravo Bárcenas, y el ex subdirector de seguridad pública de Cocula, César Nava, están detenidos y enfrentan proceso penal por su presunta implicación en el asesinato y desaparición de los 43 estudiantes.

La PGR registra 80 detenidos y consignados por participar en el secuestro y entrega de los normalistas al grupo criminal Guerreros Unidos, así como por la desaparición de restos.

En la causa penal 100/2014, según declaraciones de policías de Iguala y sicarios de Guerreros Unidos, los agentes de Cocula pusieron a los normalistas en manos de los delincuentes, quienes los ejecutaron y quemaron.