Guatemala.

Decenas de campesinos guatemaltecos bloquearon ayer por horas los cuatro ingresos principales a la capital de Guatemala, así como algunas carreteras, en protesta por los escándalos de corrupción en el gobierno y exigieron a las autoridades revelar los nombres de los empresarios que han participado en los fraudes.

En días recientes Guatemala ha vivido una ola inédita de manifestaciones pacíficas, en las que han participado indígenas, campesinos, trabajadores, estudiantes y pobladores de las ciudades, indignados por los escándalos de corrupción descubiertos en meses recientes, lo cual obligó al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, a presentar su renuncia la semana pasada.

Las autoridades han detenido a decenas de funcionarios implicados en las investigaciones, incluido el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y ex secretario privado del presidente Otto Pérez Molina, Juan de Dios Rodríguez; el presidente del banco central, Julio Roberto Suárez, y el jefe de la autoridad tributaria, Omar Franco, entre otros.

Demandamos investigar a los grandes evasores (de impuestos), expresaban algunas pancartas que portaban los manifestantes, quienes exigen la renuncia de Pérez Molina.

Después de casi ocho horas los inconformes levantaron los bloqueos y liberaron el paso, que fue interrumpido en los cuatro accesos a Ciudad de Guatemala y en cuatro tramos de carretera de los departamentos de Petén, en el norte del país; Zacapa, en el este, y Suchitepéquez, en el sur.

Los inconformes reclaman a la fiscalía y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala una misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se encargue de sanear el sistema judicial y de dar los nombres de los empresarios que pagaron sobornos a funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en las aduanas del país.

Por ese caso, revelado el pasado 16 de abril, ya están siendo procesados los ex jefes de la SAT Carlos Muñoz y Omar Franco, entre otros.

Según la investigación, una red de altos funcionarios en el sistema tributario cobraba sobornos a empresarios para evadir el pago de impuestos, supuestamente al mando del ahora prófugo Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, involucrada en una red de defraudación fiscal en aduanas.

El escándalo obligó a Baldetti a renunciar el pasado 8 de mayo y el jueves pasado se puso a disposición de los jueces que llevan los casos de corrupción en los que resultó implicada. El Congreso nombró en su lugar al magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Maldonado.

La ex presidenta también es investigada por presuntas irregularidades en un contrato por 15 millones de dólares suscrito por el Estado con una empresa israelí para limpiar el contaminado lago de Amatitlán, unos 25 kilómetros al sur de la capital guatemalteca.