El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, dijo que los procesos de evaluación y control de confianza de los uniformados serán revisados y deberá integrarse un informe de este tema. También advirtió un grave rezago en el sistema penitenciario nacional.

El gobierno federal no tiene un censo de los policías expulsados de las distintas corporaciones, de los niveles federal, estatal y municipal.

Es un reto mayor para el Estado hacer el censo de las personas expulsadas desde 1999, cuando se modificó la Constitución para permitir la expulsión de los policías (reprobados), con base en el artículo 123 apartado B, fracción 13, señaló en conferencia de prensa, la primera que realiza en su nuevo encargo.

En los exámenes, dijo, el polígrafo ya no es la prueba reina, sino un elemento más dentro de la batería de evaluación; otras maneras de calificar a los policías son mediante exploraciones toxicológicas, sicológicas y sociales.

La información estadística acerca de este punto es escasa y no actualizada; de hecho, los únicos y más recientes reportes emitidos en octubre de 2014 ya no están disponibles en la página del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación.

En ese momento se informó que de 334 mil policías estatales y municipales evaluados en México, 12 por ciento (38 mil 698 elementos) no aprobaron los exámenes de control de confianza.

A escala estatal el índice reprobatorio es de 10 por ciento, y en el municipal de 13. En el federal, el nivel de no aprobados es de 6 por ciento.

El funcionario, hasta la semana pasada comisionado nacional antisecuestro, subrayó también la problemática de los bajos salarios como un elemento que abona a la corrupción en el país.

Los custodios a escala nacional reciben sueldo, en promedio, de 3 mil 500 pesos mensuales, mientras que el rango de policías municipales es de 5 mil.

Dijo que también se revisará la situación en los penales.

El sistema penal adolece de graves problemas. Es necesario fortalecerlo integralmente e involucrar a los gobernadores en este tema para que atiendan prioritariamente el tema, advirtió en conferencia de prensa.

Los rezagos se agudizan a escala estatal y municipal. Por ello se requiere distinguir a procesados de sentenciados y generar módulos especiales de atención para los secuestradores sentenciados; impedir el hacinamiento y la comisión de delitos desde el interior de estos centros.

Uno de los informes pendientes de esta comisión es lo relacionado a los sucesos que derivaron en la fuga, de un penal de máxima seguridad, de Joaquín Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa. Igualmente, la forma en que habrán de restructurar todo el sistema penitenciario.

Sales Heredia se limitó a comentar que están abiertos para entregar los datos que le requiera la PGR.