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A la fecha se han abierto 86 investigaciones administrativas, afirma Eduardo Rovelo

En puerta, más sanciones a implicados en fallas en la L-12
 
Periódico La Jornada
Lunes 30 de noviembre de 2015, p. 43

Antes de que termine el año, la Contraloría General del Distrito Federal emitirá nuevas sanciones contra servidores públicos por su presunta responsabilidad en las irregularidades en la construcción de la línea 12 del Metro, informó el titular de la dependencia, Eduardo Rovelo Pico.

Entrevistado en la estación Tezonco de la línea dorada, señaló que concluyó otra auditoría en la que se encontraron elementos para fincar responsabilidades a funcionarios, que prácticamente son los mismos que ya fueron sancionados por estos hechos.

Agregó que en total se han abierto 86 investigaciones administrativas que han derivado en sanciones a 46 servidores públicos involucrados en la construcción de la línea, que van desde suspensiones e inhabilitaciones hasta multas económicas, pero que en todos los casos fueron impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF), por lo que siguen en litigio y podrían llegar al amparo y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Rovelo Pico señaló que en la mayoría de los casos resueltos, hasta ahora en primera instancia por el TCADF, los magistrados han dado la razón a la Contraloría; pero, advirtió, en los fallos que no le sean favorables también agotará todas las instancias para mantener las sanciones impuestas.

Además, agregó, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) abrió 12 averiguaciones previas, especialmente por los delitos de conjunción y mal uso del servicio público, que ya fueron consignadas y en las que se giraron órdenes de aprehensión contra los involucrados, como sucedió con el ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez.

Respecto de las multas económicas que se han impuesto a muchos de los involucrados, algunas millonarias, señaló que se buscará el pago de la mismas por medio de juicios administrativos resarcitorios, los cuales permiten, en el caso de que el implicado no esté en posibilidades de solventarla, que de manera subsidiaria los jefes superiores o, en su caso, las empresas respondan por el daño al erario.