Oaxaca, Oax.

Profesores de la sección 22, perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), interpusieron 30 amparos para que se pague a 6 mil docentes que no han cobrado su salario en por lo menos un año, informó el secretario jurídico de la gremial, Jerónimo Martínez Ambrosio.

Indicó que cada nivel educativo ha impugnado mediante este recurso la retención que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) ha hecho de sus pagos ya devengados, y refirió que las autoridades han hecho un embargo salarial ilegal.

Dijo que hay profesores que desde 2014 no han recibido sus sueldos, y otros no lo han hecho desde mayo de este año. Este es un problema de (falta de) pagos orquestado por los gobiernos estatal y federal, quienes han ordenado la retención salarial.

Explicó que el objetivo es obligar a los mentores a dejar la lucha sindical, pero también hacerse de recursos para utilizar en las campañas electorales.

Por otra parte, el cuerpo jurídico de la gremial, junto con familiares del profesor Roberto Abel Jiménez, uno de los cuatro dirigentes detenidos la noche del 28 de octubre en inmediaciones del municipio de Santa Lucía del Camino, presentaron en el juzgado primero de lo penal del fuero común de Oaxaca un recurso para demandar el traslado del mentor –quien se encuentra recluido en el penal de máxima federal de seguridad del Altiplano, en el estado de México– a una penitenciaría ubicada en la región de los Valles Centrales, luego de que se demostró su vecindad en la ciudad de Oaxaca, así como la de sus familiares.

Martínez Ambrosio agregó que este viernes se desarrolló una diligencia que la juez de la causa, Graciela Maldonado González, intentó suspender de manera irregular y programar para otro día. Sin embargo, ante la insistencia de la parte defensora se logró que continuara.

Denunció que “buscan la dilación del proceso que lleva el maestro Roberto –acusado de robo calificado con violencia a las cosas–. También se pudo observar que la (agente del) Ministerio Público, además de estar llevando a cabo la diligencia del mentor, realizaba una segunda diligencia de un caso aparte, lo cual jurídicamente es incorrecto y anticonstitucional”.