En México se tienen detectadas al menos a 35 mil 433 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, provocado principalmente por la violencia y la inseguridad ligadas al crimen organizado, de acuerdo con datos reportados por los gobiernos de estados y municipios, así como por los testimonios recopilados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el Informe especial sobre desplazamiento forzado interno –el primero que elabora una institución del Estado mexicano–, la CNDH lamenta que esta grave y creciente problemática no sea reconocida oficialmente por ninguna autoridad del país, pues está vinculada a múltiples violaciones a los derechos humanos, principalmente de los sectores más vulnerables.

Además, hace un llamado al gobierno federal y al Congreso de la Unión a que se realice un censo nacional sobre este fenómeno, con el propósito de tener un diagnóstico preciso y así poder aplicar políticas públicas eficaces para su atención. Además, insta a elaborar una ley general en la materia.

El informe, de 232 páginas, señala que Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Michoacán son las principales entidades con reporte de desplazados, de acuerdo con reportes de las autoridades y los testimonios recabados.

La CNDH cita a las más de 35 mil personas reportadas por las autoridades estatales y municipales, además de las 6 mil 685 que están en los registros de los organismos locales de derechos humanos, y 16 mil 92 a los que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas atendió en los dos años recientes.

El organismo nacional aclara que al ser diferentes instituciones y organismos los que proporcionan los datos, las cifras no pueden sumarse, pero son una muestra de la magnitud y el alcance de la problemática que representa el desplazamiento forzado interno, pues el país carece de información completa, actualizada y verificable.

En la presentación del documento, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, aclaró que el informe no pretende establecer el número exacto de personas desplazadas de manera obligada, pues para ello es necesario un esfuerzo mucho más amplio. Pero sí evidencia la urgente necesidad de atender esta problemática desde los tres niveles de gobierno. El propósito de la CNDH es exponer y hacer visible este fenómeno, además de provocar la acción gubernamental de un problema hasta ahora oculto, dijo.

Además de las cifras y los diagnósticos, el informe reproduce, con la reserva de nombres y lugares, algunos testimonios.

“Llegaron a la casa como 14 encapuchados bien armados. Unos se metieron a buscar a la casa mientras otros vigilaban afuera. Entraron y empezaron a gritarnos malas palabras, a mi mamá, a mi abuelo y a mí. Uno de ellos me agarró… Me encañonó. Querían que les entregáramos a mi papá. Antes de irse nos amenazaron. Lo tuvimos que dejar todo, así, nada más, de repente: la casa, la gente, los animales”, señala el testimonio de una joven de 17 años.

El quinto visitador general de la CNDH, Édgar Corzo Sosa, explicó que para este informe el organismo acudió a diferentes municipios del país para realizar entrevistas y recabar testimonios, además de que se aplicaron mil cuestionarios. Como resultado se identificó a mil 784 personas desplazadas.

Explicó que se trabaja en la integración de un expediente que incluye diferentes municipios de Sinaloa, en el cual habrían sido forzadas a desplazarse unas 4 mil 554 personas a causa de la violencia.