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Critican que el juez se haya reunido con la delegada de la PGR

Este jueves, fallo sobre la petición de Mireles de obtener libertad condicional
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de julio de 2016, p. 12

Morelia, Mich.

El juez quinto de distrito con sede en Uruapan, José Ramón Rocha, decidirá el próximo jueves si autoriza que ex líder de autodefensas José Manuel Mireles enfrente su proceso en libertad condicional. Otra alternativa es que sea trasladado del penal de Hermosillo al de Mil Cumbres, ubicado a 12 kilómetros de esta capital, para proseguir con su juicio o, por último, que permanezca en el centro de reclusión de Sonora, informó el abogado Ignacio Mendoza Jiménez.

Sin embargo, dijo que es ilegal la reunión que este juez sostuvo con la delegada de la Procuraduría General de la República (PGR), Bertha Paredes Garduño, a tan sólo dos días de que determine el futuro de Mireles, quien enfrenta cargos por portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

“En términos del nuevo sistema de justicia penal, el juez no debe reunirse en solitario con la parte acusadora (…) Mantenerlo en prisión con el argumento de que representa un peligro para la seguridad nacional nos permitiría demostrar que es un preso político”, dijo.

El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Manuel Serrato Lozano, reiteró que no hay motivo por el que Mireles deba seguir preso, porque además se han detectado un cúmulo de violaciones a sus derechos humanos durante todo el proceso penal.

Es absurdo que Mireles esté en la cárcel, al igual que más de 300 ex autodefensas, cuando está acreditado que fueron las propias autoridades quienes autorizaron las armas de uso exclusivo del Ejército, conscientes de que los habitantes de regiones como Tierra Caliente, se vieron obligados a defender su vida, la de sus familiares y sus comunidades, dijo.

Indicó que los grupos de autodefensa hicieron en su momento el trabajo que correspondía al Estado, ante los secuestros, asesinatos, cobro de cuotas, derechos de piso, despojos de bienes y violaciones, por lo que debe considerarse el contexto de violencia que vivió Michoacán a principios de 2013.