Madrid.

El conservador Partido Popular (PP) y el emergente Ciudadanos sellaron este viernes un acuerdo para facilitar la investidura de Mariano Rajoy como presidente, tras dos procesos electorales que no lograron la formación de un gobierno. Ambos partidos suman 169 diputados –137 del PP y 32 de Ciudadanos–, a los que habría que sumar a la legisladora de Coalición Canaria (CC) para llegar a los 170 que actualmente apoyan la investidura, cifra aún insuficiente para alcanzar la mayoría absoluta, fijada en 176.

El próximo 30 de agosto se celebrará la sesión de investidura, en la que Rajoy se presentará como candidato a presidir el gobierno español. Actualmente tiene garantizado el apoyo de los diputados de su partido, los 32 de Ciudadanos y la de CC, por lo que de aquí a ese día tendrá que negociar con el resto de los partidos para lograr el apoyo de al menos seis más que voten en favor.

Las opciones de Rajoy son pocas, por lo que, a pesar del pacto firmado con Ciudadanos, todavía está latente la posibilidad de unas terceras elecciones en menos de un año.

El Partido Socialista Obrero Español, con sus 85 diputados, ya advirtió que no votará en favor ni se abstendrá. El emergente partido de izquierda Podemos, con sus 69 escaños, mantiene la misma postura. El resto de los partidos minoritarios proceden de las filas nacionalistas del País Vasco y Cataluña, con los cuales el PP tiene rotos todos los puentes de diálogo.

Con este panorama los líderes del PP y la mayoría de los medios de comunicación presionan al líder socialista Pedro Sánchez para que permita la investidura, con el fin de poner en marcha la legislatura con el gobierno en minoría, que tendrá que negociar todas las medidas e iniciativas con el resto de los partidos.

El convenio

Además, el acuerdo firmado con Ciudadanos garantizaría exigencias de regeneración democrática, que la mayoría de la oposición reclama, entre ellas la creación de una comisión parlamentaria que investigue el financiamiento ilegal del PP durante las pasadas tres décadas. Asimismo, la aprobación de reformas y leyes que luchen activamente contra la corrupción política y empresarial, principal problema de la falta de credibilidad hacia las instituciones españolas.

Juan Carlos Girauta, representante de Ciudadanos en la firma del acuerdo, destacó que se trata de un paso muy importante que además podría servir para desbloquear la situación de parálisis institucional que vive el país desde diciembre pasado, cuando se celebraron las primeras elecciones generales, en las que se puso fin al bipartidismo tradicional para dar paso a una fragmentación en cuatro grandes bloques del Parlamento.

Ambos partidos nombraron a sus respectivas equipos negociadores para avanzar en otros rubros de la agenda, entre ellos educación, sanidad y reformas económicas para sacar al país de la crisis que vive desde hace ocho años.