La secretaria de la Función Pública de Chihuahua, Stefany Olmos, presentó ayer ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) una denuncia contra ex funcionarios de la administración del ex gobernador priísta César Duarte Jáquez.

El gobierno del panista Javier Corral Jurado, quien asumió el cargo hace apenas unas semanas, detectó retenciones salariales ilegales a servidores públicos de niveles medios y altos por alrededor de un millón 200 mil pesos mensuales, los cuales eran entregados por la Secretaría de Hacienda de Chihuahua al Partido Revolucionario Institucional en el estado.

En entrevista tras presentar la querella, Olmos detalló que sólo en 2015, año de elección federal, se retuvieron a los funcionarios públicos más de 14 millones de pesos para entregárselos en efectivo al secretario de administración y finanzas del tricolor en el estado, Pedro Romero Chávez.

La funcionaria informó que se ha detectado que durante el sexenio de Duarte Jáquez (2010-2016) los montos retenidos de manera ilegal a servidores públicos sumaron 79 millones de pesos.

Agregó que la cifra podría ser mayor, pues sólo se ha hecho la contabilidad correspondiente a los organismos centralizados del gobierno (secretarías y fiscalías estatales), pero falta conocer lo que sucedía en los órganos desconcentrados de la administración de Duarte Jáquez.

Enfatizó que la denuncia va dirigida contra el ex titular de la dependencia, Jaime Ramón Herrera Corral, y otros colaboradores, aunque advirtió que esos movimientos no pudieron llevarse a cabo sin la autorización y conocimiento del ex mandatario.

Rocío Stefany Olmos Loya, secretaria de la Función Pública de Chihuahua, muestra la denuncia que interpuso ayer en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en la Ciudad de México por la retención de salarios a funcionarios de la pasada administración, presuntamente para entregarlos al PRIFoto Cuartoscuro

El monto quizás no es tan alto, pero la relevancia radica en que era la propia Secretaría de Hacienda la que hacía las retenciones. Afortunadamente ha sido posible trazar toda la ruta de ese dinero. No eran hechos aislados o de algún enlace administrativo: lo hacía la propia dependencia, y estas retenciones mensuales eran concentradas en un cheque mensual autorizado por funcionarios de primer nivel de esta secretaría, que se cambiaba en efectivo y se entregaba al secretario de administración y finanzas del PRI en el estado, reiteró Olmos.

Por seis años, a cerca de 700 servidores públicos de Chihuahua se les descontó entre 5 y 10 por ciento de sus ingresos totales, según el puesto. El dinero se les pedía para el PRI, tal cual, con esas palabras. Se les hacía firmar como si las retenciones fueran aportaciones voluntarias.

Olmos señaló que estas acciones son constitutivas de varios delitos tanto del fuero federal como del estatal. Por ejemplo, dijo, el artículo 11 de la Ley General de Partidos Políticos estipula en su fracción quinta la prohibición explícita de que cualquier servidor público solicite a otro cuotas para partidos políticos.

Mientras la Fepade investiga los posibles delitos electorales, detalló la funcionaria estatal, la Fiscalía General del estado realizará sus propias pesquisas en el ámbito de su competencia.