Madrid.

El Tribunal Constitucional de España anuló la resolución del Parlamento catalán en la que se convocaba a un referendo de autodeterminación para el próximo año, y decretó su ilegalidad en un nuevo dictamen.

El fallo se conoció en una semana en la que fueron detenidos varios activistas y diputados catalanes por quemar fotos del rey Felipe VI, jefe del Estado español.

El discurso del gobierno español, presidido por el conservador Mariano Rajoy, es el reconducir el diálogo con las instituciones catalanas y con el sector independentista, mayoritario en la sociedad y en el Congreso regional.

Como ocurrió en anteriores resoluciones, los magistrados del Tribunal Constitucional asumieron todas las peticiones y argumentos de la Abogacía del Estado, con lo que acordó la suspensión cautelar de los apartados recurridos, suspensión que se produce de forma automática cuando así lo solicite el gobierno español. El alto tribunal acordó además notificar personalmente la suspensión a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y a los demás miembros de la Mesa del Parlament; al secretario general del Parlamento de Cataluña, así como al presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat.

El pleno les advirtió de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y los apercibió de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

El presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Jordi Sánchez, declaró que en ningún caso cambiarán la hoja de ruta marcada para la separación del Estado español. Tenemos un horizonte democrático, el referendo, y ahí hablarán los ciudadanos. Las instituciones del Estado deberían saber a estas alturas que no van a poder silenciar la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo.

La diputada y vocera de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), Anna Gabriel, criticó la resolución y la estrategia del gobierno español de dinamitar el diálogo.