Cada día son más los ciudadanos que exigen sancionar a los servidores públicos que utilizan el cargo para beneficiarse de forma escandalosa, advirtió Yasmín Esquivel Mossa, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA, antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo) de la Ciudad de México.

La sociedad está hastiada del cáncer del binomio corrupción-impunidad, admitió, y recordó que la exigencia de las organizaciones civiles de terminar con esto fue lo que impulsó la creación del sistema anticorrupción.

En entrevista habló sobre los puntos débiles de la implementación del sistema local de anticorrupción, entre ellos, que el nombramiento de los magistrados especializados en la materia recaiga en personas que no tengan el perfil, que sean propuestas para cubrir cuotas políticas o partidistas, y que no actúen de manera independiente y autónoma.

Aceptó que en la capital del país la instalación del sistema puede verse ensombrecida por el tema electoral; sin embargo, tenemos confianza en que no sea así, porque se perdería la esencia misma de éste y nacería sin fuerza.

La magistrada explicó que está pendiente el nombramiento de los 18 magistrados especializados en materia de anticorrupción y otros dos para las salas ordinarias, así como del fiscal.

Agregó que la falta de presupuesto puede convertirse en otro obstáculo para la operación de este sistema, ya que cuando menos se requieren 300 millones de pesos para atender los requerimientos de personal de los nuevos magistrados y pagar el alquiler de sus oficinas.

La Secretaría de Finanzas envió a la Asamblea Legislativa una propuesta de 100 millones de pesos para el sistema local anticorrupción, cifra que es insuficiente. Tan sólo para pagar el salario de los 20 nuevos magistrados se requieren 60 millones de pesos; no tendríamos siquiera para comprar o rentarles oficinas, tal vez sólo para algo pequeño y una secretaria. Pero cómo podemos turnarles asuntos si no tienen personal de apoyo, indicó.

Por ello, pidió a los legisladores ser sensibles y por lo menos autorizar 200 millones de pesos adicionales a los 100 millones que consideró la Secretaría de Finanzas en el presupuesto de 2018.

Explicó que desde el primero de septiembre el TJA está facultado para conocer y sancionar ocho faltas administrativas y conductas graves que cometan particulares, como soborno, tráfico de influencias, utilización de información falsa, colusión y uso indebido de recursos públicos.

En el caso de los servidores públicos, se consideran 12 faltas y conductas graves, entre ellas cohecho, peculado, abuso de funciones, encubrimiento, desacato, contratación indebida, conflicto de intereses y enriquecimiento oculto.

Esquivel Mossa señaló que a la fecha ni la Contraloría ni la Auditoría Superior de la Ciudad de México han turnado un solo caso al tribunal. Desconozco si ya con la nueva ley están iniciando procedimientos, incluso a partir de una denuncia ciudadana.

Concluyó: Sí nosotros no damos los resultados que la sociedad espera, el sistema local anticorrupción habrá fracasado.