Para facilitar la reconstrucción de edificios colapsados o catalogados como rojos, es decir, con daños estructurales o en condición de inhabitables, a consecuencia del sismo del 19 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México eximirá a los propietarios de esos inmuebles del pago de derechos, como la emisión de licencias de construcción o instalación de tomas y uso de redes de agua potable, entre otros conceptos.

Lo anterior se suma a la anunciada exención a estas mismas personas del pago de predial y agua, y ambas resoluciones de carácter general fueron publicadas este martes en la Gaceta Oficial capitalina y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre.

El secretario de Finanzas capitalino, Édgar Amador Zamora, dijo que hasta ahora se han registrado mil 90 cuentas catastrales para obtener dicho beneficio, y afirmó que estas medidas no tendrán impacto fiscal para la Ciudad de México.

En tanto, en medio de inmuebles colapsados, calles cerradas y edificios deshabitados por la demora de los trabajos de reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto de septiembre, en la zona de Coapa, delegación Coyoacán, se desarrolla un enorme proyecto comercial que los vecinos conocen como la nueva Plaza Pericoapa.

Residentes de las colonias que fueron severamente golpeadas por el temblor cuestionaron a las autoridades por permitir el desarrollo de grandes construcciones, con excavaciones que estiman en más de 14 metros, en una zona de desastre, donde aún el escenario es de edificios derrumbados o fracturados.

Asimismo, habitantes de un edificio de nueve niveles, con 21 departamentos, ubicado en la calle Toluca número 28, en la colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, que resultó dañado por el sismo, denunciaron que el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México pretende demoler el inmueble sin contar con un dictamen oficial, sólo a partir de una revisión ocular que se realizó en el sitio.

Verónica Ovando, propietaria de uno de los departamentos, aseguró que cuentan con tres dictámenes de seguridad estructural que realizaron de manera independiente, en los que se establece que el edificio puede arreglarse, pero, afirmaron, no son tomados en cuenta por las autoridades capitalinas, a las que pidieron su apoyo para evitar que sea derrumbado.