El colectivo Seguridad sin Guerra denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la Ley de Seguridad Interior (LSI) podría agravar las violaciones a las garantías básicas cometidas por las fuerzas armadas al realizar labores de patrullaje que no les corresponden, pero el gobierno mexicano descartó ese riesgo, al asegurar que la intervención de los militares únicamente será temporal y de ayuda a las autoridades civiles.

Al participar en una audiencia de dicho organismo, realizada en Bogotá, Colombia, Seguridad sin Guerra –integrado por más de 300 organizaciones civiles, académicos y expertos– recordó que la llamada “guerra contra el narco” permitió el despliegue de cientos de soldados y marinos en todo el país para realizar tareas de seguridad pública para las cuales no están entrenados.

Lo anterior ha generado que en los recientes 11 años se hayan registrado alrededor de 80 mil detenciones arbitrarias realizadas por personal castrense, además de 2 mil 800 demandas por tortura y unas 4 mil 200 supuestas ejecuciones extrajudiciales de civiles.

“La LSI –advirtió el colectivo– normaliza la actuación inconstitucional de las fuerzas armadas y la traduce en permanente. Las faculta para hacer labores de policía, asegurar escenas del crimen, patrullar, arrestar y hacer uso de la fuerza letal”, además de supeditar a las autoridades civiles frente a las castrenses.

En un mensaje de video, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, se sumó a las críticas contra la polémica norma –aprobada en diciembre de 2017– y alertó que se puede ordenar la intervención de militares por razones imprecisas y subjetivas, que ponen en riesgo a la población y alteran el equilibrio entre autoridades.

En su respuesta a dichos señalamientos, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Relaciones Exteriores, sostuvo que la violencia en el país es atribuible principalmente a la delincuencia organizada, al tiempo que destacó que la participación de militares en tareas de seguridad pública es una tendencia mundial y que el presidente Enrique Peña Nieto no utilizará la LSI mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación no termine de analizar su constitucionalidad.

Rafael Avante, subsecretario de Gobernación, añadió que la intervención castrense únicamente ocurrirá de forma temporal y excepcional, cuando las fuerzas civiles sean insuficientes para resolver problemas de seguridad pública.

Al intervenir en la audiencia, los comisionados Luis Ernesto Vargas y Flávia Piovesan alertaron sobre el posible uso del Ejército en la represión de manifestaciones civiles, y cuestionaron si existen protocolos de actuación de los uniformados para el uso proporcional de la fuerza.

En el cierre de la audiencia, los representantes de Seguridad sin Guerra pidieron a la CIDH que solicite una opinión consultiva sobre el tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para saber si la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública se ajusta a los tratados internacionales firmados por México.