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Investigan a jueces por falsear datos en demanda contra CFE
Javier Valdez Cárdenas corresponsal,
 
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de octubre de 2009, p. 33

Culiacán, Sin., 13 de octubre. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) acusó ante un juzgado federal a un juez y a un ex juez del ramo civil del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa por su presunta participación en la falsificación de documentos y firmas para obligar a la paraestatal a pagar a una particular casi 209 millones de pesos de indemnización por un predio afectado debido a obras de electrificación.

El 14 de mayo la CFE solicitó un amparo al juzgado octavo de distrito, con sede en Mazatlán, y acusó al ex juez primero de Concordia y al titular del juzgado tercero de primera instancia del ramo civil, en Mazatlán, así como a sus respectivos actuarios, de falsificar firmas y sellos de la paraestatal.

La solicitud de amparo se debió a que los jueces y Belén Lavinia Murray Muñoz simularon un emplazamiento de demanda para que ésta no fuera contestada en tiempo y forma, lo que habría colocado a la CFE en actitud de rebeldía. Para ello, los juzgadores embargaron la cuenta bancaria 627020783 de Banorte, propiedad de la paraestatal, que de esta forma se habría visto obligada a pagar 209 millones de pesos de indemnización a Murray Muñoz, dueña de un predio cercano al poblado Mesa de la Soledad, en la zona alteña del municipio de Concordia, terreno supuestamente afectado por el paso de torres y líneas de alta tensión instalados por la CFE.

Los acusados son el ahora ex juez Isidro Hernández Ramírez y Miguel Pérez Lizárraga, titular del juzgado tercero civil, además del actuario tercero de este último, José Octavio Sarabia Carrasco.

En el expediente 14/2009, promovido por Belén Lavinia Murray, quien exigió la indemnización, se involucra a los abogados Jesús Romero Peñaloza y Felipe de Jesús Hernández Ramos, ambos presuntamente asociados con Jesús Mendoza Tiznado, otrora secretario de acuerdos del juzgado cuarto civil del distrito judicial de Mazatlán, quien fue dado de baja recientemente a raíz de estas investigaciones.

Alberto Vázquez Arvallo, superintendente de la CFE, y su secretaria, Olivia Patrón Moreno, aparecen como testigos en el expediente. Versiones no oficiales señalan que el superintendente incurrió en negligencia por no supervisar a sus subordinados; también estarían involucrados los ex empleados de la paraestatal Jesús Eduardo García Siraitares y Alan Ramos Ruiz.

El 8 de mayo la CFE fue notificada del embargo de su cuenta bancaria derivado de la ejecución del juicio sumario civil 14/2009, promovido por Murray Muñoz ante el juzgado primero de lo civil, entonces presidido por Isidro Hernández Ramírez, hoy despedido del Supremo Tribunal de Justicia.

Abogados de la CFE revisaron el expediente y se enteraron de que Belén Lavinia Murray pidió que se declarara la existencia de una servidumbre legal de paso en favor de la CFE, sobre un predio de su propiedad, y solicitó indemnización con base en el artículo 1106 del Código Civil de Sinaloa.

Además, los defensores de la CFE encontraron que en ese juicio se consideró rebelde a la paraestatal y se dictó sentencia definitiva el 10 de marzo de 2009 para que se pagaran a la afectada 209 millones 23 mil 974.51 pesos.

Al comparecer al juzgado nos cercioramos de que (la CFE) realmente nunca fue emplazada legalmente y las constancias que así lo hacen parecer son falsas, señalaron los abogados en la solicitud de amparo 508/2009.

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