Juristas consultados por La Jornada avalaron el fallo provisional de la juez Guillermina Coutiño, quien el pasado viernes ordenó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que, por el momento, se abstenga de resolver sobre la terminación de relaciones laborales entre Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Los expertos en materia constitucional y laboral hicieron un llamado a la juez para que no se deje intimidar ante el embate emprendido en su contra por autoridades del gobierno de Felipe Calderón, señaladas en el juicio de amparo, iniciado a petición del SME y de unos 39 mil trabajadores, como responsables de violar varios artículos de la Constitución al expedir el decreto de extinción de LFC.

Está a prueba la independencia y autonomía de una funcionaria del Poder Judicial Federal. La juez actuó con apego a derecho al otorgar la suspensión provisional. Ahora debe confiar en que si actúa con valentía por segunda vez, obtendrá el respeto de la comunidad jurídica del país. Tiene todos los elementos legales para conceder la suspensión definitiva a los quejosos, sostuvo el abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani.

Octavio Loyzaga, doctor en derecho laboral y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, señaló que los trabajadores tienen todos los elementos para recibir la suspensión definitiva y obtener el amparo al final del juicio.

José Roldán Xopa, constitucionalista y jefe del departamento académico de derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, agregó: Si a la juez la están presionando autoridades, éstas incurren en delitos contra la administración de la justicia, que se persiguen vía penal; basta que la juzgadora, o alguno de los quejosos que tienen legitimación activa en ese juicio de amparo, presenten su denuncia (ante la PGR), acompañada de pruebas.

El profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México Alfredo Sánchez Alvarado, catedrático desde 1951 de la materia de derecho del trabajo, indicó que el riesgo de perder independencia lo corre cualquier juzgador frente a un sistema político déspota como el actual. Pero depende de la verticalidad de cada funcionario judicial.

La juez no tiene pretexto jurídico para negar una suspensión definitiva. Cualquier resolución en otro sentido habrá derivado, sin duda, de una presión política. Lo afirmo porque estoy convencido de que el decreto que dictó el Presidente de la República el pasado 11 de octubre está mal fundado y carece de motivación, porque al liquidar a la paraestatal no siguió el procedimiento que sí se siguió para la creación de LFC, sostuvo Sánchez Alvarado.

Además, ni siquiera se dio oportunidad a los trabajadores de enterarse y pronunciarse sobre el contenido de ese decreto y, por tanto, se actuó al margen de todo principio de respecto a las garantías individuales de los electricistas, destacó.

Alcalde Justiniani señaló que en este litigio hay que destacar lo relativo a la legalidad del decreto presidencial que está en duda; hay elementos claros que acreditan que el acto de extinción y la decisión de separar a los trabajadores sin obtener previamente autorización de la JFCA es absolutamente ilegal; prueba de ello es que hasta ahora están solicitando la autorización cuando al mismo tiempo están despidiendo a la gente.

Sostuvo que “la clave para que los electricistas ganen este litigio está en el hecho de que los trabajadores de LFC no acepten la liquidación. Si ellos pueden superar la presión del supuesto pago adicional –el gobierno federal puso como límite el 14 de noviembre–, van a generar una correlación de fuerzas totalmente distinta”.